El Gobierno prevé modificar en el Senado el proyecto de reforma de la función pública que hoy debate el Pleno del Congreso

El Gobierno tiene previsto modificar en el Senado el proyecto de ley para la Reforma de la Función Pública, que hoy comenzará a debatirse en el Pleno de Congreso de los Diputados, mediante la inclusión de algunas refundiciones de los actuales cuerpos de la Administración pública. La intención del Gabinete es reducir sensiblemente los 262 cuerpos de funcionarios de la Administración de Estado y las 1.444 escalas de los organismos autónomos, eliminar el carácter patrimonial que hoy detentan los cuerpos sobre funciones y puestos en la Administración, racionalizar retribuciones, asegurar la movilidad de personal y permitir a las comunidades autónomas que legislen sobre sus propios funcionarios.

, Frente a las críticas de los partidos políticos de la oposición y de los sindicatos, el grupo parlamentario que apoya al Gobierno esgrimirá hoy ante el Pleno del Congreso una serie de cifras y argumentos que circunscriben los efectos de la polémica ley.El ministro de la Presidencia, Javier Moscoso, recordará al líder de la oposición, Manuel Fraga, por ejemplo, su voto a favor de la jubilación forzosa de los maestros a los 65 años. Moscoso desvelará también que sólo 289.232 funcionarios, qué corresponden a los más altos niveles, disfrutaban hasta ahora de jubilación a los 70 años, en tanto que 1.200.000 funcionarios estaban ya obligados a jubilarse a los 65 años.

13.240 por ahora

De este colectivo de 289.232 funcionarios a quienes se va a adelantar la jubilación, hasta, el 1 de enero de 1986 únicamente se verán afectados 13.2,40 (de ellos, 3.000 deberán jubilarse en el momento de la entrada en vigor de la ley).

Los afectados se jubilan con el 36,4% de sus retribuciones si son titulados superiores o subdirectores generales; con el 56,7% si son titulados medios o jefes de negociado, o con el 62,8% si tiene realizado sólo el bachillerato o poseen niveles mínimos de enseñanza.

En la a«ctualidad, por citar sólo algunos de los grandes cuerpos, la retribución media bruta mensual del Cuerpo Diplomático (700 funcionarios), sin contabilizar los complementos de destino, es de 140.136 peletas; la de los inspectores financieros y tributarios (1.500 funcionarios), de 263.003 pesetas; la, de los inspectores de Aduanas (638 funcionarios), de 169.653 pesetas; la de los técnicos comerciales (298 funcionarios), de 154.031 pesetas; la de los economistas del Estado (76 funcionarios), de 137.267; la de los inspectores de Trabajo (546 funcionarios), de 191.224 pesetas, y la de los miembros del Cuerpo General Técnico de la Administración Civil (2.400 funcionarios), de 129.575 pesetas.

Frente a estas cantidades, los salarios mínimos que cobran los subalternos y auxiliares, que son la gran mayoría del personal de la Administración del Estado, son de 54.000 pesetas y de 65.000 a 75.000 pesetas, respectivamente.

A los porcentajes del sueldo reseñados para las pensiones sobre los salarios que se preciben en activo hay que añadir las percepciones que les corresponde percibir a los funcionarios por sus propias mutualidades.

Así, un inspector de Trabajo con 30 años de servicio se jubila con 215.096 pesetas mensuales, y uno de Información y Turismo con 142.000. Los cuerpos administrativos de elite, esto es, los de índice de proporcionalidad 10, perciben pensiones de jubilación de entre 106.000 y 110.000 pesetas, a las que hay que añadir las cantidades que les correspondan por sus mutualidades. En cambio, la pensión media que cobran los jubilados de la Seguridad Social es de 28.649 pesetas, mientras que en la función pública se sitúa en 49.818 pesetas.

Despolitizar

Por otra parte, el proyecto de ley de reforma, siempre según fuentes de la Administración, supone la despolitización de la función pública, al primar el concurso público sobre la libre designación y al obligar a que en todo caso esta última se realice mediante oferta pública de puestos de trabajo. Esta oferta pública se hará anualmente en la ley de Presupuestos Generales del Estado.

La definición de los puestos de trabajo en el área pública, según estas fuentes, hará imposible que un arquitecto, como dice Coalición Popular, pueda ser nombrado director de una maternidad. La ley, por otra parte, evitará las fuertes caídas de retribución que se producen ahora cuando un funcionario cesa en el desempeño de un alto cargo.