Proceso contra Pujol

En buena lógica habría que pensar que los argumentos de que dispone la Fiscalía del Estado para respaldar los supuestos indicios de criminalidad en la actuación del señor Pujol al frente de Banca Catalana son muy sólidos. A nadie se le escapa que la querella anunciada, que se presentará el miércoles ante la Audiencia Territorial de Barcelona, estará sobrecargada de connotaciones políticas que mediatizarán los futuros acontecimientos y las relaciones entre Madrid y la comunidad catalana.En cualquier caso, ante unas irregularidades que deben ser anteriores a 1977, fecha en que Pujol se desliga por completo de Banca Catalana, hay preguntas que hacer que no resultan ociosas: el Fondo de Garantía de Depósitos tuvo que elevar su informe al Gobierno antes de mayo de 1983, fecha en que Banca Catalana fue transferida a sus nuevos propietarios. Y si esto es así, ¿por qué la Fiscalía del Estado no planteó la querella a su debido tiempo, y desde luego varios meses antes de que Jordi Pujol fuera reelegido, con lo que se hubiera evitado un engorroso escándalo?.

El señor Figueras, presidente del Consejo Superior de Cámaras, ha manifestado que el asunto de Banca Catalana es recurrente, ya que aparece y desaparece al vaivén de la oportunidad política, lo que podría ser indicio de manipulación. Esta impresión está tan generalizada que no sería de recibo que nuevamente se detuviera ahora el procedimiento. Preséntese, pues, la querella -y cuantas querellas requieran otros asuntos sospechosamente archivados- y actúe y pronúnciese la justicia con la ecuanimidad pertinente. Pero sépase, al hacer todo esto, que las consecuencias no sólo serán jurídicas: el desenlace político de la cuestión, que no debe impedir, sin embargo, el esclarecimiento de los hechos, puede también tener un alcance mucho mayor que el que han previsto los inductores de la querella.

, 21 de mayo