El Gobierno no cederá a la demanda de más competencias para el Consejo del Poder Judicial

Los presidentes del Congreso de los Diputados, Gregorio Peces-Barba, y del Consejo General del Poder Judicial, Federico Carlos Sainz de Robles, se reunieron ayer en un almuerzo durante el que cambiaron impresiones sobre la comparecencia del segundo ante el Parlamento, prevista para el 8 de junio próximo. Las normas elaboradas por Peces-Barba, con la aquiescencia de Sainz de Robles, suponen un aumento del tímido control parlamentario ejercido hasta ahora sobre el poder judicial. En todo caso, el Gobierno no está dispuesto a corresponder a este mayor control con la concesión del alto nivel de autogobierno que reclama el Consejo Genera, según fuentes del Ejecutivo.

Altas fuentes gubernamentales encuadran la buena disposición de Sainz de Robles al incremento del control parlamentario sobre el Consejo General del Poder Judicial en el marco de la pugna actualmente existente entre el órgano de la judicatura y la Administración socialista sobre la asunción de competencias respecto a la justicia. El Consejo General ha valorado en este aspecto el anteproyecto elaborado por el Ministerio de Justicia como "un inadmisible paso atrás y una clara restricción de la independencia judicial" y ha reclamado "la plenitud de las funciones de gobierno" del poder judicial.Con ocasión de la presentación oficial del informe sobre el anteproyecto de ley, Sainz de Robles afirmó el 23 de marzo la decidida voluntael del Consejo General de asumir la responsabilidad política que le corresponde ante el Parlamento. Reconoció que la presentación a las Cortes de la Memoria anual sobre el estado y las actividades de la administración de justicia y el procedimiento con el que hasta ahora se ha realizado este trámite, resulta "insuficiente". Anuncié que el 8 de junio la comparecencia se efectuará con arreglo a otras normas, que permitirán a los grupos presentar mociones.

Por su parte, Peces-Barba manifestó ayer a EL PAÍS que, mediante las nuevas normas, la comparecencia del presidente del Consejo permitirá al Parlamento "apretar las tuercas al poder judicial". Las normas citadas, aprobadas con el respaldo de la Mesa y de la Junta de Portavoces, preven que los representantes de los grupos parlamentarios formulen preguntas y observaciones al presidente del Consejo, así como que la Comisión de Justicia e Interior del Congreso designe una ponencia que informe sobre el contenido de la Memoria y la posibilidad de presentar propuestas de resolución.

Las nuevas normas contemplan la posibilidad de que las propuestas de resoluciones se incluyan en el orden del día de una sesión plenaria y, una vez votadas, se comunicarán al Consejo General del Poder Judicial. Peces-Barba recordó que en la elaboración de estas normas ha estado de acuerdo el presidente del Consejo del Poder Judicial.

Altas fuentes gubernamentales comentaron favorablemente las nuevas normas, pero anunciaron su rechazo a que el sometimiento a un cierto control parlamentario sirva de argumento al Consejo General del Poder Judicial para insistir en la reivindicación del pleno autogobierno judicial, y concretamente de la gestión del presupuesto y demás competencias económico-financieras sobre el servicio de la justicia, la potestad reglamentaria, la competencia sobre el personal auxiliar y colaborador del poder judicial y la facultad de iniciativa sobre el régimen retributivo del personal judicial.