Denegadas las pruebas propuestas por los cuatro magistrados expedientados por el Consejo General del Poder Judicial
El expediente abierto por el Consejo General del Poder Judicial contra cuatro jueces con destino en Guipúzcoa será resuelto inmediatamente, como máximo la semana próxima, según fuentes próximas a la sección disciplinaria del Consejo. El expediente se abrió en relación con un acuerdo de la junta de jueces de San Sebastián sobre la falta de colaboración de los cuerpos de seguridad del Estado en materia de torturas y malos tratos. Todas las pruebas propuestas por los expedientados -entre ellas el testimonio del ministro de Justicia- han sido denegadas por el instructor. En principio estaba previsto que la resolución del expediente se produjera hoy, pero la falta del informe final ha obligado a su aplazamiento, contra el parecer de algunos miembros de la sección disciplinaria, que consideran que se está prolongando en exceso un asunto que tuvo su origen el 9 de noviembre de 1983, fecha en que la junta de jueces de San Sebastián acordó dirigirse al gobernador civil de Guipúzcoa en relación con determinadas acciones y omisiones de algunos funcionarios a su mando.
El acta de la reunión de la junta de jueces -cuyo contenido trascendió a la prensa- daba cuenta de las dificultades e impedimentos con que había contado el médico forense al personarse, por orden judicial, en las dependencias policiales, para comprobar los posibles malos tratos o torturas a detenidos sospechosos de actividades terroristas.
Entre los cargos imputados a los jueces José Luis Barragán, José María Gómez Díaz Castroverde, Joaquín Navarro y Luis Blánquez figuraban la adopción de acuerdos "que exceden de las competencias" de la junta de jueces, la comunicación directa de los mismos a sus destinatarios y su "filtración a la Prensa".
Los expedientados propusieron un total de 13 pruebas, entre ellas el testimonio del ministro de Justicia, Fernando Ledesma, para que dijera si las observaciones que se le remitieron sobre la ley de habeas corpus las calificaba como crítica o censura a su persona o al Gobierno, según se les imputaba. Por decreto comunicado a los expedientados en los primeros días de este mes, el instructor denegó la práctica de las pruebas.
La sección disciplinaria del Consejo General del Poder Judicial -integrada por Gonzalo Casado, Fernando García-Mon, Rafael Gimeno, Jerónimo Garvín y Rafael Martínez Emperador- tiene previsto resolver el expediente en la semana próxima. Por el momento, el instructor no ha propuesto ninguna sanción a la sección disciplinaria.
En los últimos días se difundió la posibilidad de que el expediente fuera sobreseído, pero ayer fuentes próximas a la sección disciplinaria, que manifestaron el criterio de no sancionar individualmente a los jueces expedientados, expresaron también su preocupación por el problema que plantearía, desde el punto de vista institucional, el funcionamiento de una junta de jueces al margen de lo establecido en su decreto regulador.
