El príncipe Enrique llega a un acuerdo extrajudicial con el grupo mediático de Rupert Murdoch, que le pide perdón por invadir su privacidad
El duque de Sussex celebra la “victoria monumental” y recibirá una indemnización “sustancial”, evita así tener que hacer frente a los costos procesales del juicio y pone fin a la guerra iniciada para exigir cuentas a los tabloides británicos por años de escuchas ilegales
Fin al proceso judicial del príncipe Enrique de Inglaterra (40 años) contra News Group Newspapers (NGN), la filial británica del imperio del magnate estadounidense Rupert Murdoch (93 años), por las prácticas ilegales de los tabloides británicos. A primera hora de este miércoles 22 de enero se ha hecho público que el hijo pequeño de Carlos III y el grupo han llegado a un acuerdo extrajudicial y no será necesario el largo proceso judicial previsto. El grupo mediático ha ofrecido “sus disculpas plenas e inequívocas” por la piratería informática, el espionaje y el uso inapropiado de información privada del príncipe que tanto periodistas como investigadores privados llevaron a cabo. El juicio, cuyo inicio estaba previsto este martes, fue aplazado hasta en tres ocasiones a petición de las partes.
Ha sido el abogado de Enrique de Inglaterra el encargado de anunciar el acuerdo, que termina de manera abrupta un proceso en el que el duque de Sussex nunca se había mostrado partidario de un pacto. Se había convertido en su última oportunidad para exigir cuentas a varios periódicos británicos por años de comportamientos ilegales y de obtención de informaciones privadas sin su consentimiento. Ahora celebran la “victoria monumental” frente al grupo de Murdoch.
En el comunicado del grupo, se pide perdón a Enrique de Inglaterra, y admiten haber cometido una serie de prácticas ilegales, entre ellas las escuchas telefónicas entre 1996 y 2011 de The Sun. También se ha acordado una indemnización, de la que no ha trascendido la cifra (su abogado, David Sherborne, asegura que es una cantidad “sustancial“). Según la agencia Reuters, esta cantidad podría ser de hasta de ocho cifras. El grupo propietario de The Sun y News of the World, medio hoy cerrado, también admite que violó la intimidad de la madre de Enrique, Diana de Gales, “en particular durante su juventud”. “Reconocemos y pedimos disculpas por la angustia causada al duque y el daño infligido a las relaciones, amistades y familia, y hemos acordado pagarle daños sustanciales”, explica el escrito de NGN.
Un acuerdo que beneficia en todos los sentidos al príncipe Enrique. Según la ley inglesa, incluso aunque hubiera salido victorioso de un juicio tendría que pagar los costos legales de ambas partes si el tribunal no le otorgaba una cantidad similar a la que NGN le ha ofrecido.
En cualquier caso, también se evita así semanas de juicio y el viaje obligado del duque a Londres, ciudad que cada vez visita con menos frecuencia y únicamente por obligación, puesto que su otra batalla es conseguir que se cubra con dinero público su protección cuando pisa territorio británico.
El hijo menor del rey Carlos III y el parlamentario laborista Tom Watson, quien también demandó al grupo y ha llegado a un acuerdo, eran los únicos demandantes que quedaban en el caso. Unas 1.300 personas, entre ellas el actor Hugh Grant, iniciaron este proceso en 2019, pero todos ellos terminaron llegando a acuerdos extrajudiciales a lo largo del proceso para limitar la astronómica factura legal.
“Una de las principales razones para llevar esto hasta el final es la responsabilidad, porque yo soy la última persona que puede conseguirlo”, admitió Enrique de Inglaterra durante una conversación para The New York times el pasado mes de diciembre. Y lo ha conseguido. Ya ganó a principios de 2024 otro caso similar contra el Grupo Mirror, por el que recibió una indemnización de 140.600 libras (unos 165.000 euros) más otra cifra mayor acordada entre las partes por las escuchas al buzón de voz de su móvil entre 2003 y 2009.
Murdoch cerró en 2011 el periódico News of the World tras 168 años de historia, después de que el medio admitiera prácticas ilegales que atribuyó a personas concretas, en un notorio proceso que acabó con el encarcelamiento en 2014 del director, Andy Coulson, y la absolución de la entonces consejera delegada, Rebekah Brooks. Previamente, el periodista Clive Goodman y el detective privado Glen Mulcaire cumplieron sendas condenas por pirateo telefónico.
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