Instituciones y partidos de Canarias se enfrentan por el reparto de fondos regionales

La nueva fórmula de reparto de los fondos regionales, acordada por el Gobierno canario y los cabildos, que comenzará a aplicarse en 1985, se ha convertido en un foco de duros enfrentamientos y divisiones internas en partidos e instituciones de Canarias, que han vuelto a poner en peligro el entendimiento entre las dos provincias del archipiélago, Santa Cruz de Tenerife y Las Palmas de Gran Canaria.El PSOE, Coalición Popular, CDS y nacionalistas no han encontrado una solución entre sus representantes, de una y otra provincia, sobre este tema, considerado uno de los más espinosos en el seno de la comunidad autónoma.

Los arbitrios, recursos propios de las islas en virtud del peculiar Régimen Económico-Fiscal (REF), de s que se nutren cabildos y ayuntamientos, han sido causa de la disputa por parte de la isla de Gran Canaria, cuyo cabildo se ha opuesto a la nueva distribución fijada y ha amenazado con presentar ante el Parlamento autónomo u la proposición de ley en sentido crítico.

Una comisión formada por represen antes del Ejecutivo y los presidentes de los siete cabildos de la comunidad autónoma, ha establecido ahora una nueva fórmula para la asignación a los organismos insulares y municipales de las recaudaciones por concepto de lujo y de entrada de mercancías, según la cual desaparece el criterio de destinar el 50% a cada provincia, en favor de un reparto más solidario con las islas menores. En 1983 la recaudación superó los 16.000 millones de pesetas.

El nuevo sistema determina los siguientes porcentajes: 87,5% según la población; 10,5% por el hecho insular (que supone el 1,5% para cada isla) y 2%, según la superficie. Las llamadas islas menores (La Palma, La Gomera, Hierro, Fuerteventura y Lanzarote) ven aumentada así su participación en el reparto de los fondos, mientras Tenerife y Gran Canaria sufren una reducción superior a tres puntos. Esta última isla considera que, al ser la que más recauda, recibe menos de lo que le corresponde y ha hecho una nueva propuesta, que resultó rechazada.

El Gobierno autónomo, presidido por el socialista Jerónimo Saavedra, ha aprobado la nueva distribución en su última reunión, en la que anunció que remitirá al Parlamento canario un proyecto de ley para que la misma sea ratificada por la Cámara y ésta eleve, a su vez, una proposición de ley a las Cortes españolas, requisito necesario, ya que ha de ser modificada la ley del REF.

La oposición en Gran Canaria ha acusado al PSOE y al Gobierno autónomo de haber montado una operación en contra de los intereses de dicha isla para favorecer a la de Tenerife. El vicepresidente del Gobierno, Juan Alberto Martín, ha negado que "desde el Gabinete se trate de ir contra una isla".