La reforma que nunca llega

LA RUPTURA de las conversaciones entre los grupos parlamentarios de Coalición Popular y del PSOE sobre el proyecto de ley de Reforma de la Función Pública amenaza con obstaculizar la modernización de las Administraciones Públicas. Sin embargo, nuestro país precisa con urgencia la transformación del pesado, ineficiente y costoso armatoste del Estado en una organización capaz de satisfacer las demandas de una sociedad dinámica y compleja. Con elogiable sentido de la responsabilidad, el Gobierno consideró en su día que la reforma administrativa era un asunto de Estado, necesitado de una amplia concertación entre las fuerzas parlamentarías. Pero cuando la negociación con Coalición Popular, iniciada a comienzos del pasado mes de febrero, parecía transcurrir por buen camino, su abrupta interrupción hace retroceder a sus comienzos todo el proceso.El problema es tanto más grave cuanto que el Gobierno, además de alcanzar un eventual acuerdo con la derecha parlamentaria, tendría que emprender otras negociaciones en paralelo con las minorías catalana y vasca. En su discurso de investidura, el presidente González ofreció a las fuerzas nacionalistas un pacto para el desarrollo de las leyes de bases previstas en el artículo 149.18 de la Constitución, entre cuyas materias figuran el régimen jurídico de las administraciones públicas, el régimen estatutario de los funcionarios, el procedimiento administrativo común, los contratos y concesiones administrativas y el sistema de responsabilidad de todas las administraciones públicas. Como demuestra la experiencia de estos años, muchas de las dificultades en la construcción del Estado de las autonomías se sitúan precisamente en ese terreno. El error inicial del Gobierno socialista al no agrupar en un solo Ministerio de Administraciones Públicas las competencias distribuidas entre los Ministerios de la Presidencia y de Administración Territorial, fue un claro síntoma de los peligrosos rumbos hacia los que se orientaría su política autonómica. El empecinamiento gubernamental de mantener a flote los restos del naufragio de la LOAPA nació no sólo de una desorientadora confusión entre la constitucionalidad de las normas legales y el acierto de las decisiones políticas a las que aquéllas instrumentan, sino también de la voluntad de poner en vigor, como un hecho consumado, la regulación anticipada de materias incluidas en el artículo 148.18 de la Constitución.

La pelotera entre los representantes del PSOE y de Alianza Popular para echarse mutuamente en cara la responsabilidad de la ruptura de las negociaciones recuerda desagradablemente las confusas peleas que solían poner intermitentemente en escena centristas y socialistas durante las anteriores legislaturas. De aceptar la versión socialista, la retirada de Alianza Popular se explicaría por su pretensión de consagrar los privilegios de los altos cuerpos, de los que se nutren buena parte de los dirigentes de la derecha conservadora. El Grupo Popular, en cambio, acusa al Gobierno de comprometer con su proyecto la objetividad, la estabilidad y la profesionalidad de la administración pública. Mientras el ministro de la Presidencia denuncia a la derecha conservadora por subordinar los intereses del Estado a los intereses corporativistas de los altos funcionarios, el portavoz parlamentario de Coalición Popular revela que los socialistas se habían ofrecido por anticipado a salvar los privilegios de algunos de esos altos cuerpos.

En cualquier caso, nuestro país no saldrá de la crisis económica y la sociedad española no ingresará definitivamente en la modernidad hasta que la reforma de las administraciones públicas sea llevada a cabo. Pero los ciudadanos comienzan ya a pensar que los compromisos de reformar la función pública son una versión del cuento de, la buena pipa, escrita por algún profesor de Derecho Administrativo. Durante el mandato de UCD se llegó incluso a crear un ministerio encargado de poner en marcha esa operación transformadora, con el resultado de que las cosas siguieron igual o peor que antes, pero con mayores gastos. Y también el programa electoral del PSOE dedicó una las cinco secciones generales que formaban su texto a la reforma de las administraciones públicas.

Probablemente lleven razón quienes critiquen al Ministerio de la Presidencia por la lentitud y el retraso con que ha planteado la reforma de la administración pública, limitada durante un año a exigir un estricto cumplimiento del horario a los funcionarios modestos e indiferente ante las manifestaciones de despilfarro de algunos altos cargos, dispuestos a emular a sus predecesores a la hora de aprobar gastos de representación. Resulta difícil entender que, en plena era de los ordenadores, el nuevo Gobierno no disponga todavía del mapa imprescindible -en el que deben figurar datos tan elementales como el número de funcionarios existentes, su distribución institucional y territorial, el importe de sus ingresos, la estructura de los cuerpos y de las escalas- para llevar a cabo una reforma de la Administración que agilice su funcionamiento, racionalice su diseño y abarate sus costes. Sin embargo, sería todavía más inadmisible que la. oposición conservadora, una vez que el Gobierno se ha decidido a afrontar esa ineludible tarea, aplicase técnicas obstruccionistas para lograr que la nueva ley no fuera aprobada durante el actual período de sesiones o dejase a la Administración Pública prácticamente en el mismo estado de ineficiencia, despilfarro y feudalización en que ahora se encuentra.