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Comienza la huelga general de 72 horas en Bolivia contra la política económica

Los sindicatos bolivianos iniciaron ayer una huelga general de 72 horas, contra el régimen democrático del presidente Hernán Siles Zuazo, para exigirle la solución de la aguda crisis económica que afecta a los sectores trabajadores. La paralización fue total, al tiempo que se realizaron manifestaciones en diversas capitales y centros mineros contra lo que califican como política hambreadora de Siles Zuazo.Las oficinas públicas y privadas permanecen cerradas y el transporte funciona en forma irregular, mientras que el Gobierno intenta por todos los medios iniciar un nuevo diálogo con los dirigentes de la poderosa Central Obrera Boliviana (COB).

Los sindicatos exigen al régimen de Siles la aprobación de incrementos salariales sustanciales, una política de abastecimiento alimenticio y la suspensión del pago de la deuda exterior a la banca internacional para utilizar esos recursos en favor de la recuperación económica nacional.

Según la COB, el poder adquisitivo de los salarios ha perdido desde el pasado 12 de abril, cuando el Gobierno promulgó un conjunto de drásticas medidas económicas, un 400% por efecto de la devaluación monetaria y de los aumentos del precio de los productos alimenticios.

El ministro de Finanzas, Flavio Machicado, cerebro de las recientes medidas económicas aprobadas, por Siles Zuazo, ha desestimado la posibilidad de nuevos incrementos salariales, ante el peligro de que se desencadene una inflación incontrolable. Igualmente puso objeciones a una hipotética suspensión de los pagos de la deuda externa, porque ello conllevaría el riesgo de que las exportaciones nacionales sean embargadas o, finalmente, los organismos crediticios inicien un bloqueo económico a este país.

La declaración de la huelga general contra Siles Zuazo ha motivado preocupación en círculos oficialistas y diplomáticos, que ven en ello un peligro, ya que puede alentar a grupos subversivos, principalmente integrados por militares dados de baja por su vinculación con el tráfico de drogas y políticos derechistas, interesados en desencadenar un golpe de Estado.

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