El Grupo Popular rompe las negociaciones con los socialistas sobre el proyecto de ley de Reforma de la Función Pública

El Grupo Parlamentario Popular anunció ayer tarde la ruptura de negociaciones con el Grupo Socialista sobre el proyecto de ley de Reforma de la Función Pública. Miguel Herrero, por los populares, y Francisco Ramos, secretario de Estado para la Función Pública, han presidido las reuniones que se venían celebrando desde mediados del mes de febrero pasado. El ministro de la Presidencia, Javier Moscoso, afirmó ayer tarde que, en su opinión, el Grupo Popular ha cedido a las presiones de funcionarios de altos cuerpos y ha antepuesto consideraciones estamentales a razones de Estado.

En la nota facilitada por el Grupo Popular se afirma que Ias negociaciones han llegado a un punto muerto. Las diferencias de criterio entre ambos grupos parlamentarios resultan insuperables". "El Grupo Popular", añade el comunicado, "estima que las tesis del Gobierno y del grupo que le apoya afectan gravemente a la objetividad, la estabilidad y la profesionalidad de la función pública y, en consecuencia, al buen funcionamiento de la Administración".La nota concluye asegurando que "la negativa del Grupo Parlamentario Socialista a la adecuada normativa transitoria agudiza estos inconvenientes, con grave peligro para el mantenimiento de unos niveles adecuados de eficacia administrativa. Por tanto, el Grupo Popular se retira de las negociaciones, siempre dispuesto a defender sus tesis a través del correspondiente trámite parlamentario".

El Grupo Socialista, en nota hecha pública al conocerse la decisión de los populares, Iamenta que el Grupo Popular no hay sido capaz de avalar un proceso negociador ya cerrado, que suponía la concreción de un acuerdo institucional de modernización del país".

Los socialistas agregan que el Grupo Popular "no representa a la derecha que este país necesita, sino a determinados intereses sectoriales a los que supuestamente afectaba la ley". "Sólo puede explicarse la retirada del Grupo Popular", concluyen los socialistas, "como una pretensión de consagrar los privilegios de determinados cuerpos de élite de funcionarios, en objetiva defensa de la propia composición de su grupo parlamentario y de la comisión ejecutiva de AP".

Una organización neutral

Respecto a la ruptura de negociaciones, el ministro de la Presidencia, Javier Moscoso, manifestó ayer tarde que el presidente del Gobierno, en su discurso de investidura y en su comparecencia en el Congreso sobre el estado de la nación, ya anunció que deseaba acuerdos parlamentarios sobre aquellos temas que afectasen a la estructura del Estado. "Uno de esos temas" explicó Moscoso, "es, sin duda, la reforma de la Administración, respecto a la que el propio pro grama socialista anunciaba que se haría una reforma para conseguir una organización neutral válida para cualquier Gobierno"."La primera reunión con representantes del Grupo Popular la tuvimos el pasado 13 de febrero", añadió el ministro, "y desde entonces representantes de los grupos socialista y popular han mantenido contactos, dos o tres veces por semana, hasta llegar a un texto articulado en el que nosotros, sin renunciar a aspectos esenciales, habíamos abdicado incluso de algunos extremos importantes. Cuando creíamos que todo estaba pactado, me comunican, de forma inesperada, que no aceptan el texto".

Respecto a las posibles causas de este cambio de actitud, Moscoso aseguró que, en su opinión, "porque no me han comunicado las razones concretas". "Mi impresión es que el Grupo Popular ha cedido a las presiones de funcionarios de altos cuerpos, y que se han impuesto los intereses corporativos a los de Estado, por evitar el desgaste que para ellos habría supuesto explicar y convencer a determinados estamentos de su posición", agregó.

Fuentes del Ministerio de la Presidencia aseguraron ayer mismo que el Gobierno mantiene su propósito de que la ponencia del Congreso que ha de examinar el proyecto se reúna el jueves, tal y como estaba previsto, así como que el Pleno de la Cámara dictamine el proyecto en el pleno del día 16 y que, tras su paso por el Senado, esté definitivamente aprobado el 30 de junio próximo.