Ferrer Salat afirma que los costes de la Seguridad Social impiden a las empresas generar empleo

La CEOE considera que la Seguridad Social española implica una importante dosis de rigidez para la economía, y que sus costes están limitando parcialmente los efectos de la moderación salarial, imprescindible para generar una posición más desahogada para las empresas y para la creación y mantenimiento de empleo, manifestó ayer Carlos Ferrer Salat, presidente de la CEOE, en el curso del Congreso Internacional de Fondos de Pensiones, que se celebra en Madrid.

Indudablemente, uno de los instrumentos fundamentales en el nuevo modelo de Seguridad Social", manifestó Ferrer, "ha de ser la regulación y promoción de los fondos de pensiones, siguiendo las pautas de otros países occidentales en los que si bien la Seguridad Social tiene problemas, éstos no se presentan con la intensidad y gravedad de nuestro país. Resulta espectacular el salto desde los 394.000 millones de pesetas gastados por pensiones en 1977 a los casi cuatro billones a que ascenderán estas prestaciones en 1990".Para el presidente de CEOE estas cifras producen vértigo y llenan de preocupación a todos los estamentos sociales porque, "nadie duda de que un montante tan alto es absolutamente infinanciable, de modo que los negros nubarrones de la quiebra, lejos de ser un fantasma, se convierten en algo casi tangible. Es necesario, tal y como señala la Constitución, mantener la Seguridad Social; esto es, evitar que pueda derrumbarse por estar cimentada sobre arenas movedizas de financiación inalcanzable. Los estados modernos deben mantener un sistema de transferencias sociales que permitan asegurar unas condiciones de vida digna a los pensionistas. Sin embargo, en todos los países se plantea el problema de la necesidad de contener los gastos, cuyo crecimiento por pensiones ha sido explosivo en los últimos años".

Carlos Ferrer consideró imprescindible buscar soluciones al problema actual en base a una reestructuración de la Seguridad Social en base a tres niveles, coincidentes con los que ofrecen una buena parte de los organizadores del presente congreso, y que se refieren a un escalón básico, para todos los ciudadanos, uno profesional, en función de su actividad, y un tercero complementario y libre, de tipo individual.

Manifiestamente en contra de estas declaraciones, resultaba la exposición que realizó Héctor Maravall, responsable de Participación lnstitucional de CC OO, quien tajantemente afirmó que los fondos de pensiones son un problema financiero y no de la Seguridad Social. Comenzó su intervención preguntándose por qué si en nuestro país existen desde hace ya muchos años los fondos de pensiones con esta u otras denominaciones, se produce ahora una masiva operación publicitaria en torno a los mismos y se debate en los medios de comunicación especializados. Las respuestas que dio Maravall a estas preguntas eran de dos órdenes. Afirmó "que en primer lugar la enorme presión que desde las organizaciones patronales y los partidos de la derecha se está realizando en los últimos años para reducir las prestaciones de la Seguridad Social, privatizando áreas rentables de la misma, que es lo que realmente hay detrás de esa llamada reforma de la Seguridad Social, y que en realidad de llevarse a cabo bajo esos objetivos, sería una auténtica contrarreforma".

Para el ponente, el Gobierno socialista está aceptando en lo esencial esa filosofía que pretende la reducción de la Seguridad Social pública. No obstante, en su opinión, existen dos obstáculos para ello. El primero, es de orden legal y lo establece la propia Constitución, donde se establece un régimen público de la Seguridad Social que garantice pensiones, prestaciones sociales y asistencia sanitaria suficientes y adecuadas para todos los ciudadanos. La segunda, de orden social, son las cifras "tercermundistas", según su calificación, de la estructura de pensiones en nuestro país, y de la que aportó tres cifras: casi 600.000 pensionistas por debajo de las 20.000 pesetas mensuales; casi cuatro millones por debajo del salario mínimo; y una pensión mínima de jubilación que no llega al 75% del salario interprofesional, cifras que, en su opinión, difícilmente resisten modificaciones a la baja.

Suicidio electoral del PSOE

"Es evidente que sólo el deseo de un suicidio electoral puede llevar al Gobierno del PSOE a una contrarreforma que supusiera una caída de las futuras pensiones en un 30% o 40%. Por ello, esta decisión sólo puede ser entendida con una aplicación gradual y acompañada de otras medidas complementarias que atenúen en lo posible el coste social de esta reducción de las futuras pensiones públicas".La cuestión, para Héctor Maravall, está en cómo convertir un ahorro voluntario que no se produce en ahorro forzoso, que sea masivo, y que se mantenga a lo largo del tiempo. La respuesta, según esta tesis, son los fondos de pensiones, donde se produce la convergencia entre esa necesidad de impulsar un ahorro forzoso y los costes sociales que representaría una reducción sin contrapartidas de las pensiones públicas.

En el aspecto de la incidencia de los fondos de pensiones en el mercado de capitales, Javier Ramos Gascón, vicesíndico de la bolsa de Madrid, manifestó que el influjo futuro de estas instituciones será una mera consecuencia de las finalidades básicas a las que responde, tanto en el terreno social como en el económico, y que se presentan enlazadas de manera inseparable. En su intervención se refirió a la experiencia de los fondos de pensiones en otros países, lugar de encuentro común a casi todos los ponentes del día, y calificó esas experiencias como alentadoras desde el punto de vista del mercado de capitales, aunque hizo una llamada especial a la necesidad de que la ordenación jurídico-financiera de estos mecanismos haga compatible el establecimiento de normas que delimiten y encuadernen su actuación para salvaguardar la seguridad de los intereses de los sujetos afectados, con el otorgamiento a sus gestores de una flexibilidad suficiente como para optimizar sus decisiones de inversión.