España aportará cerca del 8% del presupuesto de la CEE
La aportación de España a las finanzas comunitarias "será equilibrada en función de su riqueza". Ésta es la principal conclusión que extrajo el director general del Presupuesto de las Comunidades Europeas, Daniel Strasser, en la última sesión de las jornadas que sobre las finanzas europeas concluyeron ayer, organizadas por el Patronato Catalán Pro-Europa y la Universidad Autónoma de Barcelona, y dirigidas por el catedrático de ésta última Gregorio Garzón.
Strassir, quien calificó de satisfactoria -pese a reconocer sus limitaciones y su actual, crisis-la ejecución del sistema de recursos propios de la CEE, implantado en 1970, indicó que según los estudios de la comisión, la aportación española al presupuesto de las Comunidades, se hubiera cifrado en 1983 en el 7,8% del total del mismo, mientras que el Producto Interior Bruto (PIB) español hubiera representado en torno al 7% del PIB comunitario en una Europa a doce. Por ello, dicha aportación sería "equilibrada, en función de la riqueza" española.El director general del Presupuesto señaló que, en todo caso, los eventuales desequilibrios provendrían de la composición de dicha aportación: se estima que la recaudación española por el porcentaje del Impuesto sobre el Valor Añadido supondría el 7,4% del total recaudado en los doce países, que los derechos de aduanas representarían el 6,4% del total sectorial, y que la gran diferencia radicaría en los derechos sobre las importaciones agrícolas -un 13% del conjunto- "dado que España es una gran importadora de productos de este sector".
El vicesecretario general del Ministerio de Hacienda, Francisco de la Riva, destacó que todas las estimaciones hechas sobre el balance financiero con la CEE son favorables a España y que se debe aprovechar a fondo la oportunidad que brinda el Banco Europeo de Inversiones para financiar proyectos. El profesor Francisco Fonseca, de la Universidad de Valladolid, manifestó que el sistema adoptado en 1982 para calificar los gastos comunitarios, sin ser ideal, ha sido eficaz por cuanto exige acuerdos entre Consejo de Ministros, Comisión y Parlamento.
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