El Gobierno francés hace público un proyecto de ley sobre la enseñanza privada que no satisface ni a laicos ni a católicos

Tras dos largos años de negociaciones y debates, el Gobierno francés aprobó ayer el proyecto de ley que reglamentará las relaciones entre el Estado y los centros privados de enseñanza primaria y secundaria. El texto, que el Ejecutivo someterá a la aprobación de la Asamblea de Diputados, no satisface plenamente ni a los responsables de la escuela católica ni a los partidarios de la escuela laica.

Pese a que la enseñanza privada es minoritaria en Francia, cerca de dos millones de niños y jóvenes franceses estudian en centros privados subvencionados por el Estado, en los que dan clase 113.000 profesores. De estos centros privados el 93 por ciento son de la Iglesia católica. El tema más polémico, sobre la conversión en funcionarios de los profesores de la enseñanza privada, no ha sido incluido en la ley.El portavoz del Gobierno francés, Max Gallo, explicó ayer, al final del Consejo de Ministros que aprobó el proyecto de ley, que el Ejecutivo, tras muchas horas, meses, años de concertación y de compromisos; desea caminar con tacto "hacia la paz escolar mediante el hallazgo del punto de equilibrio". De momento, al menos, el resultado es otro: los laicos, por unas razones, y los católicos, por las suyas, anuncian reservas para la nueva etapa de guerra escolar que se avecina.

El proyecto de ley gubernamental recoge tres de los cuatro puntos que resumen la problemática de las relaciones entre el Estado y la escuela privada, según la última versión elaborada, al inicio del año en curso, por el ministro de Educación, Alain Savary. Esos tres capítulos, en principio, habían sido negociados con la jerarquía católica y ambas partes habían llegado a un acuerdo. Según el texto del Gobierno, esos tres capítulos condensan todos los pormenores relativos al funcionamiento de las escuelas privadas y a sus relaciones con el Estado o con las colectividades territoriales.

Esquemáticamente, la nueva ley -pendiente aún de discusión en la Asamblea de Diputados- puede resumirse así: se establece igualdad entre la enseñanza pública y la privada a la hora de poder elegir escuela (antes sólo gozaban de libertad total los católicos). La financiación correrá, como antes, a cargo del Estado, pero será más "restrictiva y más sana"; esto quiere decir que, de una manera general, la enseñanza católica tendrá que justificar sus gastos con mayor precisión. Y, por otra parte, durante los próximos seis años el Estado se hará cargo, si fuera necesario, de la financiación correspondiente a los municipios.

El otro capítulo esencial de la ley concierne al nuevo marco jurídico que reglamentará las escuelas privadas: la ley estipula la creación de los llamados "establecimientos de interés público".

Estos organismos, que acogerán a uno o a varios centros de enseñanza privada, nuclearán todos los aspectos del funcionamiento de cada una de las escuelas que lo integran, empezando por el más fundamental, que consiste en recoger fondos públicos y repartirlos.

Punto conflictivo

Aquí se acaba el proyecto de ley aprobado. El punto más conflictivo entre el Gobierno y la escuela católica ha sido excluido de la ley: es el tocante a los profesores, que el Estado, escalonadamente, desea convertir en funcionarios del Estado. Dicho proceso, para la Iglesia, es un principio "de integración rampante" de la escuela católica en el sector laico. El tema va a ser objeto de concertación, declaró ayer el Gobierno, y un decreto ley rematará la normativa oficial.Para el presidente de la República, François Mitterrand, se trata de un texto "liberal", basado en tres principios: libertad, responsabilidad y renovación del sistema educativo. Nadie pone en duda la voluntad del Gobierno de satisfacer a los católicos y a los laicos. Tal vez por ello cada cual encuentra cojo el proyecto de ley que pretende conseguir la paz escolar y que, de momento, la reaviva.

La última muestra de complicidad del Gobierno socialista con los católicos fue la supresión, ayer, del capítulo de la ley que ofrecía la oportunidad, en un plazo de seis años, a los maestros de escuelas privadas, que reciben su sueldo del Estado, de convertirse en funcionarios del Estado. Ello se debió probablemente a la intervención, anteayer, del arzobispo de París, Jean Marie Lustiger, que en vísperas del Consejo de Ministros, pronunció un "no" rotundo y oficial a la "estatalización" de los maestros católicos. Paralelamente, el Gobierno le hizo un "regalo" a los laicos, al establecer que el Estado pagará durante seis años en lugar de los municipios.

Las primeras reacciones de los unos y los otros, ayer, no fueron categóricas, en espera de la discusión definitiva de la ley, pero sí simbólicas. El día próximo día 25 los laicos han convocado manifestaciones en toda Francia. Socialistas, comunistas y sindicatos de izquierda se han adherido a esta convocatoria. Los defensores de la enseñanza católica advierten que pueden convocar una gran concentración nacional en París para el 16 o el 26 de mayo.