El cansancio frente a Euskadi

IGNORAMOS si el recurso ante el Tribunal Constitucional contra el refrendo por Felipe González del decreto real nombrando a Garaikoetxea jefe del Ejecutivo de Vitoria tiene visos de prosperar. Al margen de las disquisiciones sobre la inoportunidad, bastante clara, de que sea el presidente del Gobierno central el que firme el nombramiento de los jefes de Gobierno autónomos, la Constitución establece que los actos del Rey son refrendados por el jefe del Ejecutivo. La existencia de un precedente legal (no aplicado nunca en la práctica) en el estatuto de esa autonomía fantasma que es Castilla-La Mancha y que recoge la solución más lógica de que sea el presidente de la Asamblea autonómica el que refrende el decreto de nombramiento de su presidente, y la propia ley de Gobierno del Parlamento vasco, que prevé algo similar, pueden ser desestimadas por el Tribunal Constitucional atendiendo a la aplicación de una norma de mayor rango, como es la Constitución misma. Pero aun en el caso de que el Alto Tribunal apreciase los motivos de inconstitucionalidad del decreto expresados por los recurrentes y les diera a éstos la razón, nada esencial habría cambiado en lo que es ya claramente una batalla política y no una polémica jurídica. Porque lo que está en juego no es una vez mas una reyerta de símbolos, como la guerra de las banderas, o de formulismos legales, sino la definición del posicionamiento del Partido Nacionalista Vasco respecto al régimen político español y la respuesta que sea capaz de dar el Gobierno, desde la autoridad y el poder del Estado, a dicha actitud.Demasiadas veces hemos puesto de relieve las carencias y confusiones generadas por el Estado de las autonomías tal y como se define en nuestro ordenamiento legal. Ese Estado de las autonomías parece a veces fruto de la convicción de que la política es una tarea para alquimistas y no para gobernantes . Quizá Felipe González sea ahora testigo de excepción de los propios errores que él cometiera en la elaboración de las teorías autonómicas, errores que se intentaron subsanar inútilmente con la LOAPA. Pero una vez más parece visible que la principal cuestión autonómica de este país, la levantada por el País Vasco, sigue en pie e irresuelta. Éste es quizá el mensaje que Garaikoetxea quiere hacer oír a Madrid con sus desplantes frente al Rey y al Gobierno, con sus reticencias a jurar la Constitución, con la alternante actitud de su partido frente a los problemas cruciales de la convivencia en el País Vasco. Y éste es el mensaje que debe ser recibido en Madrid: hay un desafío de poder desde Euskadi, y la historia de la política es la historia de las relaciones del poder. La obligación de Felipe González es responder a ese desafío, dentro del marco de las libertades democráticas y amparado en la representación que 10 millones de españoles depositaron en el partido socialista en las últimas elecciones.

Euskadi no es ya un problema de símbolos, sino el resultado de una fractura en la población civil, agitada y atemorizada por el derramamiento de sangre inocente y la burla constante de la legalidad a manos de una mafia organizada con todas las características que la Mafia tiene: generación de un peculiar respeto en la sociedad-tribu a la que pertenece y de la que sale, desapego a las instituciones que le son ajenas, tendencia a la creación de un poder autónomo al margen del Estado.

El victimismo vasco frente a Madrid y el resto de España no tiene hoy ningún sentido, pero va a seguir siendo empleado como arma arrojadiza por el PNV. Baste recordar que cuando hoy se protesta porque el presidente del Gobierno central refrende el nombramiento real de Garaikoetxea, el nombramiento de Aguirre como primer presidente del Gobierno vasco se hizo en un acto presidido por el gobernador civil de Vizcaya en nombre del Gobierno de la República. Habrá que convenir que de entonces acá las cosas han mejorado para el PNV. Pero, enredados en estas cuestiones, los ministros de Vitoria parecen huir así de los problemas reales que enfrentan. La plácida certidumbre de los líderes del PNV de que ellos sólo son responsables de lo bueno que allí sucede, mientras Madrid lo es de todo lo malo, resulta bastante irritante, y además es una solemne tontería.

Repetidas veces hemos dicho que la solución para Euskadi, hoy por hoy, pasa por el PNV, como organización que representa mayoritariamente el sentimiento político de los vascos. Pero el PNV, por su parte, debe asumir que en ésta como en toda otra democracia la fidelidad a la Constitución es esencial en el mantenimiento del orden político. Es por eso curioso que recurran un decreto por anticonstitucional, cuando Garaikoetxea y sus ministros se hurtan al juramento de la propia Constitución. Nos hemos negado siempre a admitir la estrategia de la derecha de utilizar los símbolos y los formulismos jurídicos como pretexto para fomentar la división y el conflicto frente al fenómeno vasco. Pero el Gobierno vasco y el Gobierno de Madrid deben ser testigos del cansancio de mucha gente con sentido común ante las actitudes innecesariamente irritantes de unos y otros.