Martínez Zato: "Construiremos nuevas prisiones y un centro de toxicómanos para cambiar Carabanchel y cerrar Yeserías"

La prisión de Carabanchel perderá en el futuro su carácter de macropensión de presos preventivos. La Dirección General de Instituciones Penitenciarias busca ya terrenos cerca de Madrid para iniciar la construcción de un nuevo centro de reclusos preventivos, según ha informado su titular, Juan José Martínez Zato. El nuevo centro aún por construir y el de Alcalá-Meco, en funcionamiento, permitirán descongestionar Carabanchel, calificada por Zato de "establecimiento viejo, que no reúne las condiciones de la ley general Penitenciaria". A comienzos de 1983, Carabanchel llegó a tener 2.200 inquilinos, el doble de su capacidad. En la actualidad hay 1.265 internos. La prisión de Carabanchel, construida en 1943, será remodelada.

La Dirección General de Instituciones Penitenciarias ha descartado la posibilidad de realizar obras de reforma en la prisión femenina de Yeserías, "porque, de puro antiguo, ese establecimiento no se tiene en pie, y todas las obras que se hagan allí son pan para hoy y hambre para mañana". El departamento que dirige Zato está localizando terrenos para construir un nuevo centro de mujeres, también en los alrededores de la capital de España.El plan de construcción de nuevos centros penitenciarios para Madrid se completará con la creación de uno especial para reclusos toxicómanos, que podrá albergar unos 300 o 400 internos y que se concibe como un centro abierto con espacios verdes y los mínimos elementos represivos posibles. Zato cree que la apertura de esos tres nuevos centros no será posible antes de tres o cuatro años. Su construcción supondrá una inversión mínima de 3.000 millones en cada caso.

Las prisiones de Carabanchel, en Madrid, y la Modelo, en Barcelona, por su carácter de almacén de presos preventivos, son, según Zato, las más conflictivas de España. "El preventivo", afirma, "es un señor que no llega muy contento a la prisión, que tiene la esperanza de salir en libertad al día siguiente, que no puede acceder al tercer grado o a la libertad condicional por su trabajo o su buen comportamiento, y todo eso le pone muy nervioso".

En los 84 centros penitenciarios españoles hay ahora encarceladas 16.500 personas, 2.400 más que el pasado enero. "Para que luego diga la oposición que, no se podían decretar prisiones con la reforma Ledesma", apostilla Zato. Los funcionarios son 6.300, unos 2.000 más que hace dos años. En 1984, la Dirección General de Zato inaugurará un total de 12 establecimientos nuevos en otras tantas poblaciones españolas.

Al director general de Instituciones Penitenciarias, un hombre barbado, sanguíneo y locuaz, que tiene en su despacho un busto de Victoria Kent, algunos de sus opositores le calificaron en sus comienzos de director general de los presos. Ahora piensa que ha cumplido los objetivos que le hicieron ganar esa denominación. "El último informe de Amnistía Internacional" dice, "afirma rotundamente que ya no son práctica común los malos tratos en las prisiones españolas". En cuanto a la depuración del funcionariado, ha sido una de las más enérgicas de la gestión socialista. En un primer momento cesó a 30 directores de prisiones y a numerosos subdirectores y jefes de servicios, y el pasado año tramitó 80 expedientes a otros tantos funcionarios presuntamente implicados en casos de malos tratos y corrupción.

La presencia de heroinómanos en Carabanchel y en otras cárceles, puesta de relieve por el reciente motín protagonizado por el Vaquilla en la Modelo de Barcelona, es uno de los quebraderos de cabeza de Zato. El problema, afirma, no es exclusivo de España. "Lo padecen todos los países europeos, menos los del Este", dice. "Yo no sé si el 80% de los delitos son cometidos por drogadictos, pero sí puedo afirmar que el 80% de los ciudadanos que están en establecimientos penitenciarios no son toxicómanos".

La droga entra en las cárceles, según las informaciones de las que dispone Zato, a través de los paquetes que reciben los reclusos, en las comunicaciones vis a vis, hasta debajo de los sellos de correos, y "casos ha habido de personas, que deberían velar por lo contrario, que han estado implicadas en tráfico de drogas". La dirección general ha dado severas instrucciones para que en Carabanchel y otras prisiones sólo se permita la entrada de dos paquetes al mes por recluso y para que estos envíos sean controlados por funcionarios y no por internos.

"Nunca cederé a chantajes"

Al director general de Instituciones Penitenciarias le preocupa el hecho de que los drogadictos que han delinquido estén en la cárcel y no en otro tipo de centros. "El problema comienza fuera de las cárceles", reflexiona. "Hay que evitar que una persona que se encuentra en situación límite sólo tenga el recurso de atracar un banco o robar el bolso a una vieja. Es preciso que sepa que le pueden atender gratis en un establecimiento público".Luego hace una enérgica advertencia sobre la situación creada en la cárcel Modelo, de Barcelona, por unos presos que se amotinaron, para exigir heroína: "Que lo sepa la población reclusa. Respeto como el que más sus derechos, pero que a mí no me hagan chantaje con el secuestro de un funcionario, porque los autores salen al día siguiente camino de El Puerto de Santa María. No voy a ceder en ninguna ocasión. Sé que el tiempo juega contra el amotinado. Esta Dirección General, que va a la cabeza de Europa en abrir los establecimientos penitenciarios a los medios de comunicación, tampoco va a permitir que se radie o televise un motín".

Pero el problema persiste. "Un recluso toxicómano con carencia de droga no tiene salidas. Si está en una crisis auténtica, habría que llevarlo fuera de la prisión, pero la verdad es que no existe ningún establecimiento adecuado".