Apoyo minoritario en el Congreso a la moción reprobatoria contra el ministro de Justicia presentada por el Grupo Popular
La mayoría del Congreso de los Diputados rechazó ayer la tesis de que las reformas legislativas del ministro de Justicia, Fernando Ledesma, son las causantes del aumento de la inseguridad ciudadana. En su defensa de esa tesis, que era el aspecto fundamental de la moción de reprobación contra Fernando Ledesma, presentada por el Grupo Popular y debatida ayer en la Cámara, el principal grupo de oposición no contó con otro apoyo que el de los parlamentarios centristas, mientras el resto de los diputados respaldaba a Ledesma. No obstante, la Minoría Catalana sumó su voto al de los populares en la crítica a la gestión global del departamento. El mayor apoyo, pero siempre minoritario, lo obtuvo el Grupo Popular al exigir que el Gobierno remita a la Cámara en un plazo de diez días el plan de medidas adoptadas para mejorar la seguridad ciudadana.
Miguel Herrero de Miñón, en nombre del Grupo Popular, defendió la moción contra Ledesma, según la cual de la respuesta que el ministro de Justicia dió en el pleno anterior sobre la situación de la seguridad ciudadana, se deducía "indubitativamente que la política de reformas legislativas ha sido la causa principal del deterioro progresivo que padece la seguridad ciudadana". Por esta razón se pedía la reprobación de la Cámara a la gestión de Ledesma. La segunda parte de la moción exigía al Gobierno la presentación ante el Congreso en el plazo de diez días del plan o programa de medidas adoptadas en el Consejo de Ministros del pasado día 4, para la debida información a la Cámara.Herrero de Miñón exigió al Gobierno la presentación de su programa global, para evitar que se anuncie una serie de medidas y luego no se tomen. Herrero recurrió a varias citas del propio presidente Felipe González, según una de las cuales "el cese es el precio a pagar por la equivocación". "Que el ministro de Justicia se ha equivocado reiteradamente", dijo Herrero, "es uno de los extremos de consenso nacional, incluyendo, por supuesto, al propio partido socialista y a su grupo parlamentario. Si algo es claro, es que el señor ministro de Justicia, como responsable -dicho sea de paso en solidaridad con el Gobierno entero y bajo la responsabilidad suprema del presidente como nuestra Constitución prevé- se ha equivocado de parte a parte en su política legislativa de índole penal y penitenciaria. Y es claro de que si el señor ministro no se hubiera equivocado de parte a parte no sería necesario que ahora el Gobierno anunciara, como hizo la semana pasada, que iba a adoptar una serie de medidas de reforma de su propia reforma, y en línea con lo que frente a su reforma otros grupos parlamentarios, concretamente el mío, habíamos propugnado en esta misma Cámara".
Luis Ortiz, portavoz centrista, afirmó que su grupo no cree en la fórmula de la reprobación, porque no es figura que sea claramente constitucional. Ortiz ciñó su rechazo exclusivamente a lo que se refiere a la seguridad ciudadana y pidió que la comunicación del Gobierno sobre el plan a adoptar diera lugar a un debate en la Cámara.
El comunista Santiago Carrillo se opuso a la moción, y afirmó que el tema de la seguridad ciudadana "es un caso típico de manipulación política que trata de excitar ese sentimiento normal y legítimo de inseguridad contra el Gobierno y más allá del Gobierno, contra una política progresista y humanista. El dilema no es seguridad o libertad", dijo, y añadió que no hay más solución al problema de la delincuencia que atacar su raiz: la tasa de paro, que alcanza ya el 20%.
La crisis y la droga
Josep Maria Trias de Bes, en nombre de la Minoría Catalana, afirmó que discrepaba de la tesis fundamental propuesta por los populares. Para Trías las reformas legislativas se produjeron cuando existía un clamor popular en favor de las mismas, y tales medidas no son en modo alguno causantes del aumento de la inseguridad ciudadana. Para la Minoría Catalana las causas de la delincuencia son la crisis económica y el aumento del tráfico de drogas. Trias afirmó que: "la policía es ineficaz por quien la manda" y pidió a Barrio nuevo que ponga orden en su ministerio "porque no sabemos quién manda en él".
Marcos Vizcaya, portavoz de la Minoría Vasca, dijo que su grupo, en lugar de reprobar, deseaba animar a proseguir las reformas. Se sumó a la petición centrista de que se produzca un debate sobre la medidas a adoptar por el Gobierno, e interpretó que es poco serio afirmar que la reforma de la legislación sea causa determinante para que en ocho meses se haya desarrollado el tráfico de drogas.
Antonio Sotillo, del Grupo Socialista, se preguntó para qué se había presentado la moción de reprobación. Afirmó que el debate que se pedía estaba previsto para hoy en la Comisión de Justicia y que se había solicitado la retirada de la comparecencia del ministro. Sotillo acusó al Grupo Popular de ser partidario de largas prisiones provisionales. "Un día", dijo, "pide la supresión del Ministerio de Justicia, otro la reprobación del ministro, y el tercer paso será pedir el nombramiento del portavoz del Grupo Popular como ministro de Justicia".
Sotillo recordó a la Cámara que en el último año ha aumentado en 100 el número de magistrados, en 85 el de jueces y en 32 el de juzgados de instrucción. El portavoz socialista recalcó que los temas de oposiciones y comisiones de servicios corresponden al Consejo General del Poder Judicial y no al Ministerio de Justicia, y añadió, refiriéndose al Grupo Popular, que "su intención es alinearse con los, grupos que representan el corporativismo más execrable".
Para Sotillo hubo aplausos de su grupo. Para Herrero de Miñón varios pateos por parte socialista, y los suyos le aplaudieron cuando en la réplica afirmó que "no tenemos miedo a la libertad, sino a la incompetencia".
