El Ministerio de Hacienda, dispuesto a olvidar gran parte de los 50.000 millones de presunta deuda fiscal de la banca

Los certificados de regulación monetaria (CRM), títulos mediante los cuales la banca y las cajas de ahorro entregaron al Banco de España más de un billón de pesetas durante los tres últimos años, han desaparecido este mes sin que el fisco haya logrado cobrar el impuesto de tráfico de empresas (ITE) sobre el medio billón de pesetas en intereses percibidos. Tras levantar algunas actas e interrumpir inspecciones por este motivo, Hacienda parece haber renunciado a aplicar dicha carga, discutida por la banca, y que se aproximaría a los 20.000 millones de pesetas. En total, las entidades de crédito pueden tener contraída con Hacienda presuntas deudas fiscales por unos 50.000 millones de pesetas, según fuentes de la inspección.Una gran mayoría de estos 50.000 millones proceden del ITE. En los pleitos, el Tribunal Supremo ha dado en el caso de las letras financieras la razón a la banca, que había perdido en vía contencioso-administrativa. Por el contrario, el sector ha perdido en cuanto a los depósitos interbancarios. Pero la polémica de mayor importancia, el pago o no de ITE por los intereses de certificados de regulación monetaria y de depósitos de las entidades de crédito en el Banco de España, sigue sin resolverse, pese a que tales certificados acaban de desaparecer después de tres años de vida.

La memoria elevada por la patronal bancaria a la asamblea general del pasado 26 de marzo señala al respecto: "Aun cuando unánimemente se ha reconocido la razón de fondo que nos asiste -no puede obligarse a la banca a soportar unos impuestos que, en cualquier caso, deberían ser a cargo del Banco de España- la pura verdad es que la solución se retrasa, sin dejar de reconocer que las actuaciones inspectoras sobre estos temas han quedado en suspenso. Quizá lo más preocupante sea que las soluciones que se nos han ofrecido podrían ser suficientes en el futuro, pero no dan una solución jurídicamente satisfactoria para el pasado, siendo así que entendemos que, dentro de la legislación vigente, hay normas suficientes. para arreglar definitivamente el problema, a través de una disposición interpretativa".

Según fuentes informadas, la disposición interpretativa estuvo a punto de salir en los últimos meses del pasado año, aunque todavía no se ha decidido sobre el asunto. Pese a que hubo algunas inspecciones a cajas de ahorro, bancos, e incluso a una oficina provincial del Banco de España, las actas han sido archivadas, según medios de la inspección. Las últimas versiones sobre la tributación de activos reconocían la exención, en un sentido más favorable al sector que anteriores proyectos.

Entre tanto, el Tribunal Supremo ha dado la razón a la banca en el asunto de las letras financieras (sólo la banca privada tiene en cartera unos 400.000 millones), efectos que son aceptados al entregar un dinero, por un nominal mayor (la suma de dicho dinero y los intereses). El argumento central de la banca, rechazado por lo contencioso-administrativo y finalmente aceptado por el alto tribunal, es que se trata de un solo acto y no puede pagar más que por un impuesto. Los abogados del Estado mantenían que una cosa es el documento y otra la operación de crédito bancario subyacente.

Por el contrario, las entidades de crédito han perdido el pleito sobre el ITE de los depósitos interbancarios vigente hasta 1979. Se da la circunstancia de que era uno de los principales conceptos por los que se habían levantado actas de deuda próximas a los 2.500 millones de pesetas al grupo bancario de Rumasa, que antes de la expropiación tenía una presunta deuda de 29.500 millones de pesetas por todas las divisiones sectoriales, cifra luego elevada a 50.000 millones por las revisiones que efectuaron los nuevos administradores del holding.

Pero cada uno de estos dos últimos conceptos y el de los depósitos en el Banco de España apenas reúne en todo el sector financiero una presunta deuda de 5.000 millones. El grueso de la estimación de 50.000 millones procede, principalmente, de los intereses por certificados de regulación monetaria (unos 20.000 millones, correspondientes a unos tipos que han oscilado entre el 3% y el 5%, aplicados sobre medio billón largo de pesetas de intereses). Otras fuentes adicionales de presunta deuda radican en la liquidación del ITE procedente de créditos a clientes, así como de las diversas deducciones por el impuesto de sociedades y retenciones de renta, según fuentes de la inspección.