El Estado pagará a las compañías eléctricas con deuda amortizable por la nacionalización de la red de alta tensión

El Estado emitirá deuda propia, bajo una fórmula especial y con destino a las empresas eléctricas, con el fin de pagar a las compañías propietarias por la nacionalización de la red de alta tensión. Gobierno y sector eléctrico ya han llegado a un acuerdo en firme en esta cuestión, mientras negocian a marchas forzadas la modificación del actual sistema de compensaciones intersociedades por la energía que se venden unas a otras. Todos -empresas y Administración- parecen estar de acuerdo en los principios del nuevo sistema, que incluirá costes fijos y variables de producción de energía, con la excepción de una de las compañías del sector, precisamente la que más se beneficia del actual mecanismo.

La fórmula de pago de la red de alta tensión quedó definida en los acuerdos que el sector y la Administración formalizaron a primeros del pasado mes. En un extenso documento, que incluye capítulos como "Bases de constitución y desarrollo de la sociedad mixta" y "Acuerdos de la comisión de negociación: valoración y forma de pago", aparte de los propios de identificación de las líneas afectadas por la nacionalización, Administración y sector establecen los principios básicos de como quedará constituida la denominada sociedad mixta para la gestión de la red en alta, aún pendiente de la promulgación de una necesaria ley.El valor de la red ha sido establecido en 97.000 millones de pesetas por la comisión mixta -empresas y Ministerio de Industria y Energía- nombrada ad hoc. De esta cantidad, 74.000 millones corresponden a las empresas privadas y 23.000 a las dos públicas, Endesa y Enher. La longitud de la red a nacionalizar es de 7.560 kilómetros para las líneas de 400 Kilovoltios y de 3.685 kilómetros para las líneas de 220. Se excluye de la presente nacionalización la red en construcción o trámite, con anterioridad al 15 de febrero de 1984, que se pagará al contado en un futuro próximo.

43.000 millones de capital

El capital social de la Sociedad Mixta será de 43.000 millones de pesetas, cantidad equivalente a sumar los 23.000 de contribución patrimonial que hará el sector público (aproximadamente el 51%) más los 20.000 millones de patrimonio que aportará el sector privado y que quedará convertido en capital, con distribución accionarial de acuerdo a la representación de las empresas privadas en Unidad Eléctrica (Unesa). El sector público -Endesa, 26%; Enher, 23%, e INI, 2%- capitalizará su contribución en líneas al patrimonio de la sociedad, mientras que el sector privado hará otro tanto con la parte proporcional del patrimonio (unos 20.000 millones) que aportará a la nueva sociedad. Para que las empresas privadas participen equitativamente en la sociedad mixta, de acuerdo a la representación que ostentan en Unesa, será necesario que se transfieran entre ellas diversos activos ahora nacionalizados.Según el acuerdo alcanzado, los 54.000 millones restantes del valor de las líneas nacionalizadas que son propiedad de las empresas privadas, serán abonadas por el Estado a las empresas por medio de un sistema bastante complejo basado en los siguientes principios: 1) el Estado comprará directamente a las empresas privadas un 51% de estos activos restantes, pagando en deuda (del Estado, bajo la fórmula que se establezca, que será deuda pública previsiblemente, amortizable a 10 años y con un interés medio del 14%); 2) el 49% restante quedará, en una primera fase, en manos de las empresas privadas.

En una fase posterior, el Estado venderá a la Sociedad Mixta ese 51% de activos adquiridos, a cambio de deuda de la propia Sociedad Mixta, bajo las mismas condiciones de amortización e interés que se establezcan para la deuda que el Estado emita para pagar a las empresa privadas los 20.000 millones capitalizados. Finalmente, las empresas privadas recibirán deuda de la sociedad mixta, con lo que ésta adquirirá el 49% del patrimonio nacionalizado que quedó en manos de las empresas privadas. Las condiciones de esta deuda serán equivalentes, en lo que restecta al plazo de amortización, a la vida media de los activos nacionalizados.

El acuerdo alcanzado establece también que la sociedad mixta reciba un canon de funcionamiento inicial por el servicio prestado en la distribución de la energía, que, de alguna forma, será una parte proporcional del coste, reflejado en las tarifas actuales, que es imputable al coste de transporte por la red nacionalizada. Posteriormente, se piensa que la sociedad mixta solicitará de la Administración los aumentos de tarifas para ese canon, dentro de la nueva estructura de tarifas que se está elaborando.

Respecto a la modificación del actual sistema de compensaciones, se negocia estos días en varios grupos de trabajo, al margen del oficialmente establecido, para delimitar el alcance de las variaciones. A este respecto, en el cruce de cartas entre Unesa e Industria quedaron especificados los principios que lo regirán: costes de financiación, interna y externa, riesgo de cambio, etc.