El sector eléctrico se vio sorprendido ante el anuncio de Solchaga de las centrales nucleares que serán paralizadas

Las más altas instancias del sector eléctrico desconocían que el ministro de Industria y Energía, Carlos Solchaga, tenía previsto desvelar el alcance real de la moratoria nuclear al término del Consejo de Ministros celebrado el pasado miércoles, si bien sabían que, como resultado de las negociaciones en curso con el ministerio, existía una fórmula de compromiso que permitirá, en un futuro más o menos próximo, revisar el número de grupos nucleares que, según la evolución de la demanda, podrá conectarse algún día a la red.

Prácticamente, según apuntan fuentes de las empresas, ninguno de los presidentes de las compañías eléctricas había sido informado de que la aprobación del Plan Energético Nacional (PEN) por el Gabinete llevaba aparejado despejar la importante incógnita de hasta dónde tenía previsto llevar el Gobierno la moratoria nuclear.

En este sentido, y pese a las reiteradas peticiones para que Solchaga aclarara cuanto antes el mencionado punto, muchos altos directivos eléctricos se enteraron por la televisión, cuando informaba sobre la referencia del Consejo, de que será Valdecaballeros I, de los tres grupos que competían por la aprobación (el propio Valdecaballeros, más Trillo I y Vandellós II), el que se quedará en situación incierta.

Otras protestas

Aparte de la inicial sorpresa y de las quejas más o menos públicas que algunos responsables del sector expresaban ayer, no se puede ocultar la relativa satisfacción que la fórmula propuesta por Solchaga, para poder revisar algún día la moratoria, ha producido en las empresas.

No obstante, la identificación del grupo primero de Valdecaballeros como el principal perjudicado por la moratoria continuaba levantando ampollas, especialmente en medios próximos a las empresas afectadas. En esos círculos se resaltaba que, pese a la aparente animadversión que el Gobierno socialista muestra hacia las centrales nucleares, sean exclusivamente dos empresas privadas (Hidroeléctrica y Sevillana) las que se verán perjudicadas por la moratoria.

Por el contrario, el sector público -leáse Endesa y Enher- mantiene intactos sus programas nucleares, ya que ambas empresas resultan beneficiadas por el hecho de que las dos centrales nucleares aprobadas por el Gobierno (Trillo I y Vandellós II) sean precisamente aquellas en las que participa el sector público. Endesa posee una participación minoritaria en Trillo I (10%, según las últimas evaluaciones), mientras que Enher tiene un 54% en Vandellós II.

En cualquier caso, todos los medios del sector consultados colocan la moratoria nuclear dentro de la perspectiva de las intensas negociaciones que el Gobierno tiene abiertas con las empresas en relación a la futura reordenación del sector. Así, la identificación de las centrales afectadas por la moratoria despeja una de las dos importantes incógnitas que el presidente de Unesa, Juan Alegre Marcet, planteaba al ministerio en la última carta que le envió el pasado febrero. La otra incógnita, sobre la que aún se esperaba respuesta, es la autorización de subida de tarifas para este año, sobre la que el sector ha presentado ya una solicitud hace dos meses.

En algunos medios oficiales se señalaba ayer que el próximo Consejo de Ministros, que se celebrará ya en el mes de abril, procederá a esta autorización.