El proyecto de ley de Ordenación de las Comunicaciones prevé la unificación de las redes de telefonía, correos y radiodifusión

El proyecto de Ley de Ordenación de Comunicaciones (LOC), que será remitido al Congreso de los Diputados por el Gobierno en las próximas semanas, plantea por primera vez en España una profunda reestructuración de los modernos medios de comunicación, especialmente de las telecomunicaciones. En el mismo texto se establecen las bases para la unificación y el control por el Estado de las redes de telefonía, correos y radiodifusión. En los próximos días se creará un organismo, probablemente con categoría de dirección general, de Ordenación de las Comunicaciones. Una de las primeras decisiones que podrá tomar este organismo es pronunciarse por el sistema de satélite de comunicaciones más adecuado para España.

El Consejo de Ministros estudió hace un mes los contenidos esenciales de este proyecto de ley que por primera vez recogerá conjuntamente el ordenamiento de los canales de comunicación más utilizados por los españoles -teléfonos, correos, radiodifusión- y legislará sobre las llamados sistemas de comunicación del futuro (televisión por cable y por satélite, transmisión de datos, teletexto, sistemas domésticos de control ... ).En las próximas semanas, el Gobierno aprobará el texto definitivo. Actualmente, se le están dando los últimos retoques jurídicos y administrativos "debido a la complejidad de técnica jurídica y administrativa que entraña", según explican fuentes oficiales. A finales del próximo mes de abril, el proyecto, que consta de 80 artículos, estará listo para ser enviado al Parlamento.

Una de las principales novedades que introducirá este ordenamiento legal es precisamente que establece las bases para la unificación de las grandes redes de comunicación, cuyas competencias están dispersas y desorganizadas en la actualidad. Por otra parte, el Estado recuperará el control de la telefonía, correos y radiodifusión, y su poder de intervención, que había perdido en algunos de estos casos.

La ley dejará claro que la recuperación por parte del Estado de las "funciones que le son propias en lo relativo a ordenación, regulación y planificación de las comunicaciones" no significa que la Administración entre en la regulación de los contenidos que se trasmitan por dichas redes ni en las normas básicas del régimen de radio y televisión.

"El Estado se limitará a facilitar el carrier o la autopista por donde podrán circular las comunicaciones públicas o privadas que cumplan exclusivamente con las normas técnicas marcadas por la Administración, lo que supone que podrán existir concesiones de radio o de televisión privadas, aunque éstas deberán utilizar la única red pública de radiodifusión", según especialistas que han seguido de cerca la elaboración del anteproyecto.

Régimen especial de Telefónica

En cuanto a las relaciones con la Compañía Telefónica Nacional de España (CTNE), la nueva ley incluirá una normativa singular que supere las claúsulas del contrato del Estado con esa empresa, a la que en 1924 se le concedió en régimen de exclusividad el arrendamiento del servicio telefónico. La disposición adicional segunda del anteproyecto da un mandato al Gobierno para que actualice y negocie un nuevo contrato del Estado con la compañía "sobre la base de la recuperación por parte del Estado de la potestad y la soberanía que le son propias y el mayor grado de normalización posible de la CTNE".

En la práctica, la Telefónica seguirá siendo el eje principal de desarrollo de los servicios de telecomunicación en España. Explotará en régimen de exclusividad, pero en forma de gestión indirecta y controlada por el Estado, la mayor parte de los servicios de las comunicaciones telefónicas, la transmisión de datos, el arriendo de circuitos, servicios de estaciones costeras, teledifusión (cable de radio y de televisión) y télex. Pero por encima de la CTNE existirá el organismo Servicio Público de la Red Nacional de Telecomunicaciones y Teledifusión, que se encargará de llegar a la prestación integrada de los servicios de telecomunicación susceptibles de uso público.

Dado el carácter económico de la actividad que se realiza a través de los servicios postales, se creará el Ente Público Postal, un organismo de carácter comercial, industrial y financiero que regirá también los destinos de la Caja Postal de Ahorros, que tendrá capital estatal. Dentro de esa reforma, se dará una solución especial al régimen laboral de los 50.000 trabajadores de Correos. En la actualidad, Correos está sujeta a todos los condicionamientos de una organización dependiente de la Administración.

La telecomunicación ha puesto en crisis los servicios de correos. En España la correspondencia epistolar (unos seis millones de cartas al año distribuidas por Correos) apenas alcanza el 12 o el 15% de los servicios globales de este organismo. Por ello, existe la intención de hacer una reconversión en esos servicios y dirigirlos hacia los servicios telemáticos y de otras formas de telecomunicación.

En Correos se instalarán oficinas públicas de comunicaciones integradas, de tal manera que no sólo pueden enviarse cartas o telegramas, sino también otros tipos de datos electrónicos e incluso audiovisuales que entrarán dentro de las unidades integradas de telecomunicación y que impliquen operaciones de teleproceso.

Radiodifusión y televisión

Uno de los aspectos que entraña mayores dificultades para la nueva ordenación de las comunicaciones es el de la radiodifusión sonora y la televisión. La desafortunada definición de radiodifusión y televisión que, en opinión de algunos juristas e ingenieros de telecomunicación, recoge el Estatuto de la Radio y la Televisión, hace necesario un nuevo planteamiento de estas redes y del régimen de prestación de sus servicios.

En este sentido, la ley de Ordenación de las Comunicaciones diferencia claramente las competencias sobre el contenido, la producción y el control de la programación de la información, que no ejercerá la Administración, con los aspectos técnicos de la transmisión de señales. El Estado mantiene la competencia exclusiva de las redes, aunque pueda hacer concesiones de explotación al sector privado, como ya lo ha hecho con la radio. La Administración no entra en la consideración de los contenidos, por lo que se abren las puertas para que existan empresas privadas no tanto de radio -que ya existen- como de televisión que utilicen la red pública.

En el caso de la televisión por cable o satélite, el anteproyecto opta por mantener la exclusiva o cuando menos la preferencia de distribución de sus programas a través del cable, mientras que la explotación de la red podrá estar en manos de otra entidad. Esta opción se realiza sobre la consideración de que las redes de TV por cable son todavía incipientes en España. Existen, además, razones económicas debido a las cuantiosas inversiones que hacen falta.

Las altas inversiones que se necesitarían hacen inviable también que cada canal autonómico de televisión se monte sus propias redes. Esto multiplicaría por 17 (número de autonomías) los 80.000 millones de pesetas previstos para invertir en las televisiones de las comunidades durante el próximo cuatrienio.

Respecto a la televisión por satélite, el Gobierno, previsiblemente, hará pública en breve una decisión, que sería la primera de envergadura del nuevo organismo de coordinación de las telecomunicaciones que se creará en las próximas semana. El Gobierno está analizando el estudio previo sobre la televisión por satélite que ha preparado el INTA (Instituto Nacional de Técnicas Aeroespaciales) a petición de Radiotelevisión Española. Según algunas fuentes de la Administración, el Gobierno parece inclinarse por un satélite de telecomunicaciones de los llamados punto apunto, y desechar el de radiodifusión directa.