El PCE denuncia "el caos" en Interior y la corrupción en la Administración de justicia

El Partido Comunista de España (PCE) denunció ayer en una reunión informativa la situación de "retroceso y caos" existente en el Ministerio del Interior, la corrupción "que puede llegar a convertirse en un factor estructural" en la administración de Justicia y la parálisis en las administraciones públicas en general y en el Ministerio de Administración Territorial en particular. Para los comunistas estos son algunos de los principales factores que frenan la reforma y democratización del Estado.

La "ineficacia y lentitud" de la justicia española ocupó buena parte de la exposición hecha ayer por el vicesecretario general del PCE, Enrique Curiel, y su equipo, al presentar los primeros trabajos para la redacción de un Libro Blanco sobre la reforma del Estado. Entre las propuestas concretas del PCE se encuentra la petición de una comisión de investigación parlamentaria sobre la puesta en libertad por el juez Ricardo Varón Cobos del mafioso Bardellino -"ésa es solo la punta del iceberg", dijo Curiel-. Los comunistas pedirán también una comparecencia conjunta de los ministros de Justicia e Interior ante la correspondiente comisión del Congreso de los Diputados. Luis Arroyo, coordinador de la comisión de Justicia del PCE, señaló que "el proceso de asociación de los jueces ha puesto de manifiesto que un sector de la Judicatura no sólo no está identificado con las ideas progresistas; ni siquiera lo está con la Constitución". Además, denunció que el Consejo General del Poder Judicial no convoca la provisión de 500 vacantes de jueces "por presiones corporativas".

Los temores del PCE no se limitan a esta área: existe, en opinión de los dirigentes comunistas, un intento de contrarreforma en materia de libertades públicas, un principio de asalto al Título VIII de la Constitución (autonomías), una operación de la derecha para hacer caer al titular de Justicia, Fernando Ledesma, autor de leyes progresistas, y un inicio de lo que Curiel llamó "la campaña por la OTAN", con participación del propio embajador norteamericanel, Thomas Enders. Para colmo, se advierte, según Curiel, "una regresión general en el programa electoral del PSOE". Tan solo las reformas militares se salvan, según el PCE, de este panorama sombrío.

Ocho propuestas

Los comunistas presentaron ayer ocho propuestas sobre seguridad ciudadana, no sin antes haber atacado duramente la política seguida desde el Ministerio del Interior, donde "no hay voluntad de proceder a la reforma policial"; pero, en este punto, Curiel admitió la existencia de presiones de "poderes fácticos", que "siguen queriendo controlar la Policía Nacional y evitando que ésta pase a depender exclusivamente del poder civil".

Entre las propuestas sobre seguridad ciudadana se encuentran el incremento de las plantillas judiciales, medidas de racionalización de la oficina judicial -"faltan a veces fotocopiadoras y grapadoras"-, creación inmediata de unidades de policía judicial, modificación de los presupuestos de prisión provisional -en el mismo sentido apuntado por el Gobierno-, creación de un fondo para indemnización de las víctimas de los delitos violentos, adoptar medidas para corregir "la imagen negativa del poder judicial" y "abordar globalmente el problema de la droga".

En el tema de la droga, los responsables del PCE se manifestaron a favor de la despenalización del tráfico de las blandas y de que no se sancione el consumo, ni de las blandas ni de las duras -"desde 1970 nadie ha sido perseguido por consumo de drogas"-, lo que permitiría la reinserción social de los drogadictos. De acuerdo con los cálculos del PCE, el tráfico de heroína en España asciende a más de 100.000 millones de pesetas.