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Presidencia envía un cuestionario a 500 altos cargos sobre sus incompatibilidades

El Ministerio de la Presidencia ha enviado ya a unos 500 altos funcionarios y personas que desempeñan puestos de confianza en la Administración un cuestionario para que lo rellenen en relación con la ley de Incompatibilidades de Altos Cargos, según informaron a Europa Press fuentes de ese departamento.

Las mismas fuentes señalaron que el cuestionario consta de dos hojas, escritas por ambas caras, y prevé numerosos supuestos en los que altos cargos de la Administración pueden incurrir en incompatibilidad.Dichas fuentes explicaron que a todos los departamentos y, empresas públicas a las que se han enviado los cuestionarios se les pide que, en caso de existir más altos cargos, se efectúen fotocopias con el fin de que sean rellenadas también.

El principal problea a la hora de concretar el número de altos cargos se plantea especialmente en las empresas públicas y semipúblicas.

Afectados

Los afectados por la ley de Incompatibilidades son los presidentes, directores generales, gerentes y equivalentes de organismos públicos, monopolios estatales y empresas con participación pública, directa o indirecta, mayoritaria, cualquiera que sea su forma, y de las cajas de ahorro de fundación pública estatal.El plazo de presentación de estas declaraciones de incompatibilidad finaliza el próximo 20 de abril. "Esta ley", según las mencionadas fuentes, "afronta de forma decidida y con medidas concretas el entramado de acumulaciones indebidas de cargos y funciones. El texto, que exige de los altos cargos el desempeño de un solo puesto y la percepción de una sola retribución, constituye un ejemplo para todos los ciudadanos".

Asimismo "constituye un importante paso más hacia la solidaridad y la moralización de la vida pública, sobre todo en la actual situación de crisis económica.

La ley tiene el objetivo de clarificar la plena dedicación de los altos cargos de la Administración y cortar toda posible corruptela". Esta ley sobre incompatibilidades se une a la referida a los parlamentarios y a la aprobada según el proyecto de UCD en la pasada legislatura.

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