El impuesto sobre el valor añadido, que recaudará más de dos billones de pesetas, se demora otro año

Los últimos ajustes efectuados en el proyecto de impuesto sobre el valor añadido (IVA) han servido de base a la Administración para estimar que en su primer año de implantación recaudará más de dos billones de pesetas. Hace varios meses, Hacienda reafirmó que el impuesto más potente del futuro -aportará ingresos superiores al de la renta- entraría en vigor el primero de enero de 1985. Ahora, los portavoces del fisco hablan del segundo semestre del próximo año. Pero en medios solventes se asegura que no podrá surtir efectos reales hasta 1986. E incluso responsables de su implantación, cuyas sugerencias están siendo reexaminadas a nivel político, sobre todo el posible tipo único del 11% sobre los productos de consumo, han expresado dudas ante dicha fecha.

El IVA, aplicado en los países del Mercado Común, aunque también en otra veintena larga de naciones, será la principal fuente de impuestos indirectos (sobre el consumo). Con su implantación, desaparecerán, entre otros, los actuales sobre el tráfico de empresas, lujo, bebidas refrescantes y compensación de gravámenes interiores (cobrado en aduanas a las importaciones). Asimismo, en la medida en que grava el valor añadido en cada proceso productivo o comercial, hará innecesaria la desgravación fiscal a la exportación.Los tipos previstos inicialmente (4% para los artículos sociales, 11% de gravamen para la mayoría y 22% para los bienes o servicios de lujo) permitieron aventurar en 1981, cuando el Gobierno de UCD envió el primer proyecto a las Cortes, que aportaría unos ingresos de un billón de pesetas de entonces. Algo más de la mitad de la recaudación procedería de los impuestos que sustituye, y el resto se destinaría a financiar la Seguridad Social de una forma más neutral para las empresas que exportan, debido a que las cotizaciones, por no ser desgravables cuando se vende al exterior, aumentan los precios españoles.

Las posteriores elevaciones anuales de impuestos, en especial el de tráfico de empresas, justificadas por los sucesivos Gobiernos en la necesidad de adaptar su repercusión en el consumo al futuro IVA, han restado posibilidades de financiar la Seguridad Social. A ello ha contribuido también la refundición de los tipos previstos en uno solo del 11%, introducida por la Administración socialista.

Modificaciones

El Gobierno socialista, mientras revitalizaba las medidas de adaptación de la administración tributaria, anunció a finales del pasado año que aplicaría el IVA a principios de 1985 (por boca del anterior secretario de Estado de Hacienda, José Sevilla) y apenas retocó el proyecto, salvo en la refundición de tipos.Después del relevo de Sevilla por José Borrell, portavoces del Ministerio de Economía y Hacienda han señalado que se retrasa la entrada en vigor para el segundo semestre de 1985. Sin embargo, medios solventes aseguran que esto será prácticamente imposible, y que a lo más que se podrá proceder por esas fechas será a un simulacro de declaración por el IVA, con liquidación de los actuales impuestos. Incluso responsables de la implantación del nuevo impuesto han expresado serias dudas en cuanto a que el cambio se pueda hacer con eficacia en 1986.

En este contexto, el nuevo equipo ha sometido a revisión la posibilidad de volver a los tres tipos, en lugar de fijar uno sólo del 11% e intentado mantener la potencialidad recaudatoria, equivalente en Europa a más del 6% del Producto Interior Bruto de cada país. En espera de una decisión final, los principales cambios al proyecto de UCI) son:

- Tipo único del 11%. Según técnicos de la Administración, el tipo múltiple complicaría la gestión del impuesto y no haría mayor justicia. Se basan en unas estadísticas francesas sobre los impuestos indirectos pagados por las familias de diversos estratos de renta. De las mismas se ha deducido que, si bien muchas familias podrían beneficiarse del tipo social (4% para gran parte de productos agrícolas, viviendas de protección oficial, libros, prensa y enseñanza), tales familias también compran artículos suntuarios (pagarían el 22% electrodomésticos, aparatos de iluminación, discos, etcétera).

- Régimen transitorio. Se acorta de cuatro a dos años o uno, según los casos, el período de deducción para los inmovilizados de las empresas, prevista para evitar la doble imposición. Para la deducción de los circulantes, todas las empresas podrán deducir las compras dé los últimos tres meses anteriores al IVA, pues se aplicará el sistema de muestreo para deducir sólo las realizadas desde que entre en vigor.

- Adaptación a nuevas normas de la CEE. El actual anteproyecto incluye las normas de la séptima directiva del Mercado Común sobre los bienes usados.

- Fusiones de empresas. Las fusiones estaban sujetas al IVA por el anterior proyecto, que podría eliminar los incentivos actuales de la agrupación de empresas ante los vigentes impuestos en cascada (al transformar dentro de la misma empresa un producto, por ejemplo, se evita el pago del impuesto de tráfico de empresas). Ahora se excluyen, pues la Administración socialista ha compartido la opinión de que se crearían dificultades a los procesos de concentración de los distintos sectores.