La Administración fomentará la investigación privada a través de un plan de alcance nacional

Dentro de unos días se publicará en el Boletín Oficial del Estado la convocatoria para la presentación de solicitudes de planes concertados de investigación correspondiente a 1984. Esta convocatoria, que, excepcionalmente, no se realizó el año pasado, pretende una mejor coordinación interministerial en el fomento de la investigación en empresas privadas, y en ella se valorará sobre todo la reducción de importaciones, el aumento de exportaciones y la creación de nuevos puestos de trabajo en investigación y desarrollo.

Los planes concertados son la vía que tienen las empresas para acceder, en condiciones ventajosas, a fondos públicos destinados a la financiación de proyectos de investigación y desarrollo (I + D). El plazo hábil para la presentación de solicitudes finalizará el 15 de octubre de este mismo año.La distribución de fondos para los planes concertados y la selección de éstos es tarea de la Comisión Asesora de Investigación Científica y Técnica (CAICYT). Los fondos de que dispone esta comisión, con cargo al Fondo Nacional para el Desarrollo de la Investigación Científica y Técnica, ascienden este año a 8.093 millones de pesetas. De esta cantidad, 3.000 millones están comprometidos en proyectos ya iniciados, y el resto debe repartirse entre los planes concertados con empresas y los proyectos de investigación presentados por organismos públicos de investigación e instituciones con fines no lucrativos.

La nueva convocatoria mantiene las dos modalidades de planes de investigación: los ordinarios, desarrollados exclusivamente por la empresa que los presenta, y los coordinados con un organismo público de investigación. La financiación otorgada por la CAICYT varía según la modalidad. Sin embargo, este año hay dos novedades importantes, según explica Juan Manuel Rojo, director del gabinete de estudios de la CAICYT.

La primera novedad es la coordinación establecida entre la Dirección General de Política Científica, del Ministerio de Educación y Ciencia, y la Dirección General de Innovación Industrial y Tecnología, del Ministerio de Industria. Esta coordinación se realiza respectivamente a través de la CAICYT y el Centro para el Desarrollo TecnológIco Industrial (CDTI), que ha sido objeto recientemente de una fuerte reorganización.

Libertad de temas

La segunda novedad es que no se han establecido prioridades temáticas para los planes concertados, sino que se concederá máxima prioridad a aquellos proyectos que conlleven reducción de las importaciones tecnológicas, aumento de las exportaciones y creación en las empresas solicitantes de nuevos puestos de trabajo en investigación y desarrollo. Para ello se pedirá un informe sobre la incidencia de cada plan concertado presentado en cada uno de estos tres conceptos, que se unirá a la valoración científico-técnica del plan para la valoración final.

La resolución sobre este asunto de la Secretaría de Estado de Universidades e Investigación, al frente de la cual se encuentra Carmina Virgili, fue aprobada el pasado 9 de marzo por el comité interministerial de programación, requisito previo debido a que su contenido afecta a distintos departamentos ministeriales. Esta misma semana se ha procedido a su envío al BOE para su publicación.

La falta de convocatoria en 1983 se debió, según declararon en su día fuentes de la Dirección General de Política Científica, a que se encontraban pendientes de estudio numerosas solicitudes de planes concertados y a que una gran parte de los fondos es taba ya comprometída. Esta ver sión fue rebatida por personas que participaron en la valoración de proyecto en la CAICYT, y que señaláron la falta de operatividad de una comisión que deja pendientes de resolución durante varios años proyectos de investigación que a menudo quedan obsoletos en pocos meses si no se inicia su puesta en práctica.

La convocatoria establece que en los planes concertados la financiación estatal tendrá el carácter de préstamo, y que su cuantía será, como máximo, el 50% del presupuesto total. Para el caso de planes concertados coordinados con organismos públicos la financiación constará de dos apartados -hasta el 50% del proyecto a realizar por la empresa y hasta el 100% de la cooperación del organismo público- y no podrá sobrepasar el 80% del presupuesto total.