El Ministerio del Interior

LOS DOS últimos atracos con homicidio cometidos en Madrid han sido, perpetrados con todas las dosis de brutalidad que comporta la criminalidad primitiva. Las airadas respuestas de los vecinos de las víctimas y el dolor contenido de sus familiares son reacciones lógicas en quienes padecen directamente el grave deterioro de nuestra convivencia ciudadana. En Barcelona y otras grandes capitales españolas se vienen sucediendo dramáticos episodios de esta nueva crónica negra, que exige, frente al desbordamiento de la pasión, un esfuerzo de análisis capaz de sugerir la aplicación de soluciones eficaces. La inseguridad ciudadana y la delincuencia común en una sociedad democrática, castigada con elevados niveles de paro, son cuestiones complejas que no aceptan recetas milagreras ni remedios voluntaristas.Desde hace meses, sectores reaccionarios de la sociedad española han utilizado el tema de la seguridad ciudadana como punta de lanza de una operación política contra el Gobierno constitucional. La irritación, el temor y la cólera de los ciudadanos han sido manipulados por la derecha autoritaria para combatir las reformas del Código Penal y la ley de Enjuiciamiento Criminal, medidas incluidas en el programa del partido triunfador en las elecciones y plenamente conformes con los principios constitucionales. Atribuir exclusiva o primordialmente el deterioro del orden a esa reforma legislativa es una maniobra reaccionaria que se inscribe en la línea de quienes piensan que la pena de muerte o la aplicación de la ley de fugas serían los remedios adecuados para combatir la delincuencia. Otra cuestión diferente, sin embargo, sería averiguar si nuestro ineficiente sistema de administración de justicia, desde la policía judicial hasta los tribunales, pasando por la instrucción de los sumarios y las actuaciones del ministerio fiscal, se halla en condiciones de aplicar una legislación penal propia de una sociedad civilizada. La conclusión lógica de ese debate sería reformar los instrumentos administrativos que impiden poner en práctica la reforma legal, en vez de dar marcha atrás en la modernización de nuestro ordenamiento jurídico. No son las leyes, sino los servicios policiales y el aparato judicial encargados de aplicarlas, los que no están a la altura de los tiempos.

Sin embargo, ese acoso sistematizado de la derecha autoritaria, que ha descubierto las posibilidades de explotar la demagogia a costa de un problema real ante el que la sociedad se halla altamente sensibilizada, no absuelve al Gobierno de sus responsabilidades, que corresponden en este terreno de forma preferente al Ministerio del Interior. Es un secreto a voces que el funcionamiento de los cuerpos de la seguridad ha empeorado en los últimos 14 meses. Los malos resultados obtenidos en la defensa de la seguridad ciudadana demuestran claramente que el ministro Barrionuevo ha sido incapaz de imprimir a su departamento una dirección política eficaz. La confusión de competencias, las predilecciones arbitrarias y las fobias injustificadas han generado rencillas sin cuento entre los distintos cuerpos de seguridad, que han dado lugar a espectáculos tan grotescos como la pelea a puñetazo limpio en una playa entre funcionarios del Cuerpo Superior y miembros de la Guardia Civil, mientras los contrabandistas escapaban.

El aparcamiento de la ley de Unificación de los Cuerpos de Seguridad confirma la línea titubeante del ministerio, impotente para solucionar los conflictos entre el Cuerpo Superior, la Policía Nacional y la Guardia Civil. La aparición en televisión del ministro del Interior del Gobierno de Felipe González en el momento de entregar a su homólogo británico la estatuilla de un guardia civil causó probablemente menos asombro a los electores del PSOE -para los que la imagen del tricornio de Tejero es todavía demasiado expresiva- que sorpresa a los miembros del Cuerpo Superior de Policía y la Policía Nacional, convertidos en los patitos feos de las fuerzas de seguridad por José Barrionuevo. Mientras el Gobierno socialista abdica de sus proyectos de reforma de la Benemérita, con arreglo a las necesidades de los tiempos, policías eficaces y con probada capacidad para servir lealmente a un orden público democrático han sido relegados a servicios burocráticos.

A lo largo de la historia de España, la solución dada por diferentes regímenes a los problemas de orden público ha consistido -como ha demostrado de manera fehaciente el profesor Manuel Ballbé con una reciente investigación- en la militarización del orden público. La Constitución de 1978, sin embargo, creó el marco legal para resolver ese viejo problema con garantías de éxito, sobre la base de que no es posible -hasta por la propia coherencia del sistema- confiar los problemas de la seguridad ciudadana a cuerpos militares, ni utilizar sistemas o métodos propios del mundo castrense para administrar el orden en el seno de una sociedad democrática. Sin embargo, la actuación del Gobierno en este campo parece convertirlo en acérrimo defensor de la continuidad del viejo sistema.

La única forma de romper el círculo vicioso de las acusaciones mutuas entre policías y jueces sobre el deterioro de la seguridad ciudadana sería determinar las grandes líneas del funcionamiento del orden público en una sociedad democrática, diseñar una política policial adecuada y aplicar la competencia y la autoridad necesarias para llevarla a la práctica. El actual equipo político del Ministerio del Interior ha demostrado sobradamente su incapacidad para hacer frente a ese reto. La sospecha, más que fundada, de que las críticas a esa desgraciada gestión tratan de ser paliadas con grotescos favores informativos -dispensados por los creadores de imagen del ministerio- a los medios que más virulentamente atacan la política global del Gobierno resulta del todo ominosa. Crucificar al ministro de Justicia desde cierta prensa para salvar a bombo y platillo al ministro encargado de la policía, auténtico responsable de la desmoralización de los cuerpos de seguridad y de la deficiente planificación de la seguridad ciudadana, es una tonta argucia o una redomada estupidez. El orden público se ha deteriorado fundamentalmente porque se ha deteriorado antes la dirección de la acción policial. Y esto se advierte en múltiples manifestaciones: desde el aluvión de escuchas telefónicas incontroladas hasta la detención -¿qué decir de la utilización por el Gobierno socialista del eufemismo retención?- del dirigente comunista Enrique Curiel por sus "antecedentes policiales". ¿Esperará Felipe González a que le detengan -o le retengan- sus propios subordinados por sus antecedentes anteriores a 1975 o se decidirá de una vez a poner orden en su propia casa para que mejore también el orden en la calle?.