Crisis sindical en Italia

EL RECIENTE decreto del Gobierno Craxi sobre la escala móvil ha creado en Italia una verdadera conmoción. Después de largas y fracasadas negociaciones con los sindicatos, Craxi ha decidido imponer por decreto una ruptura de la escala móvil, disminuyendo su aplicación en varios puntos; se ha atacado así a una conquista obrera vigente desde hace decenios en Italia, rodeada de cierto valor simbólico, gracias a la cual la actualización permanente de los salarios impedía que la inflación redujera el poder adquisitivo del asalariado. Con esta medida Craxi pretende relanzar la lucha contra la inflación en forma no muy diferente de cómo enfoca el problema el Gobierno de Felipe González. Con todo, no hay que olvidar que los ejecutivos encabezados por la Democracia Cristiana no se atrevieron a dar un paso de ese género; que lo haga ahora el primerjefe de Gobierno socialista en la historia de Italia no deja de ser significativo.Las reacciones han sido muy fuertes y se han manifestado en diversos terrenos. El PCI, que representa aproximadamente un tercio del electorado, está llevando a cabo, por todos los medios del juego parlamentario, incluida la obstrucción, una batalla en la Cámara y el Senado para impedir que el decreto sea refrendado. El líder comunista Berlinguer ha fijado como prioridad de su partido derribar al Gobierno Craxi si no retira el decreto; y para ello ha ofrecido el posible apoyo comunista a un Gobierno de programa, fórmula vaga que se presta a varias interpretaciones, entre ellas la de un retorno al apoyo indirecto prestado por el PCI a anteriores Gobiernos encabezados por la Democracia Cristiana. Por ahora se mantienen unidos los cinco partidos que constituyen el Gobierno Craxi; pero es obvia la preocupación de la Democracia Cristiana de que Craxi pudiese, con su actitud, ganar votos entre el electorado moderado y de centro.

Las consecuencias más graves lo han sido en el mundo sindical: la mayoría comunista de la CGIL (central sindical en la que están juntos socialistas y comunistas) se enfrenta con toda energía al decreto Craxi; en cambio, las otras centrales, UIL (socialista), CISL (democristiana) y la minoría de la CGIL, apoyan a Craxi, o al menos no se solidarizan con una lucha resuelta contra el decreto. Las reacciones de Craxi contra los comunistas han sio particularmente duras: les acusa de hacer "cunhalismo", de utilizar la escala móvil para dar rienda suelta al odio contra los socialistas. La respuesta comunista es la de que, sin negar la necesidad de medidas contra la inflación, es no sólo injusto, sino económicamente inoperante, atacar de modo unilateral el poder adquisitivo de los trabajadores. Pero el problema desborda esa confrontación; un nuevo factor está interviniendo con protagonismo: los consejos de fábrica, que han movilizado en las principales ciudades italianas grandes acciones de masa en defensa de la escasa móvil. El éxito de estas manifestaciones autoconvocadas ha sido indiscutible. La mayoría comunista de la CGIL las ha apoyado, pero se refleja a la vez en la acción de los consejos de fábrica una voluntad de renovación de la vida sindical, una protesta contra su funcionamiento excesivamente centralista y por arriba, por la falta de democracia y participación de la base. En todo caso, es lógico que estas movilizaciones coincidan con la posición del PCI en la batalla parlamentaria y política.

La forma de autoconvocatoria de la acción obrera ha evitado hasta ahora que la división sindical llegue a sus últimas consecuencias: la ruptura o división formal de los comités o federaciones unitarias. Por otra parte, sectores no pequeños de sindicalistas socialistas se han pronunciado por la defensa de la escala móvil. Se habla incluso de gestiones para encontrar una fórmula sindical de modificación del salario susceptible de sustituir el decreto. No parece fácil tal solución, que implicaría a todas luces graves daños para el Gobierno; y el carácter de Craxi no es propenso al paso atrás.

Las consecuencias de esta batalla serán, sin duda, profundas, y no sólo en orden a la solución de la crisis económica por la que atraviesa Italia. En el plano político se reflejarán en las elecciones al Parlamento Europeo del próximo mes de junio; y acarrearán con toda probabilidad, con o sin desgarraduras dramáticas, una renovación de las estructuras y formas de acción de los sindicatos.