El Gobierno de Murcia se había embarcado en proyectos con un riesgo desproporcionado a su capacidad financiera
El Gobierno regional de Murcia, presidido por Andrés Hernández Ros, sostenía un entramado de proyectos para el que la comunidad carecía de capacidad financiera, según técnicos de la Administración. El monto de las operaciones intentadas se elevaba a 11.000 millones de pesetas -en una comunidad cuyo presupuesto global es de 17.000 millones-, mientras que las iniciativas pendientes de consideración fueron estimadas en casi 200.000 millones más. La doble caída de Andrés Hernández Ros, como presidente del Gabinete autónomo y como secretario regional del PSOE, se enmarca así en un contexto mucho más amplio que el del escándalo originado por el soborno a dos periodistas.
No sólo la dirección federal del PSOE, sino las propias autoridades económicas del Gobierno central, llegaron a inquietarse por la posibilidad de que el agujero murciano alcanzara límites incontrolables, lo cual parece que no ha llegado a suceder. El presidente in péctore de la comunidad, Carlos Collado, afirma que los ejes principales de la nueva etapa serán "la ruptura con el pasado" y una política de austeridad; paralelamente, la ejecutiva regional del PSOE ha quedado desprovista de poderes efectivos y sometida a la tutela de la ejecutiva federal, hasta que un congreso extraordinario, convocado para el mes de mayo, pueda elegir nueva dirección.Este conjunto de medidas sanciona un giro en la orientación del PSOE murciano. Las cosas cambiaron mucho entre la primera y la segunda visitas a Murcia de dos dirigentes federales del partido, Carmen García Bloise y Salvador Fernández (coincidiendo con sendas reuniones del comité regional del partido): en la primera, al día siguiente de la publicación del soborno, presenciaron la dimisión de Hernández Ros como presidente, pero no como secretario general del partido; en la segunda apoyaron, de hecho, también esta otra medida, aunque Carmen García afirma públicamente que no hubo "presión alguna desde Madrid".
El Gabinete de Andrés Hernández Ros estudió operaciones de alto riesgo durante sus nueve meses de permanencia en el poder (además de las empresas intentadas en la etapa preautonómica). La valoración global de las mismas ascendía a 11.000 millones de pesetas. La cifra no quiere decir que esas inversiones estuvieran previstas para un solo año -la mayoría fueron excluidas del presupuesto ordinario de 1984, por resistencia interna de algunos consejeros o adirertencias del Gobierno central-, pero da idea no sólo de la magnitud de las iniciativas abordadas por el ex presidente, sino del entramado de intereses que había puesto sus esperanzas en Hernández Ros.
Según los detalles conocidos por este periódico, las principales inversiones estudiadas eran las siguientes: de,1000 a 3.000 millones de pesetas para la puesta en marcha del canal de televisión autonómica; entre 1.200 y 1.500 millones para la instalación del tren aéreo entre Murcia y Molina de Segura; y de 1.000 a 1.200 millones para la adquisición de la mayoría de la sociedad Azarmenor, propietaria del casino de LaManga.
A ello hay, que sumar, entre otros proyectos importantes: 600 millones de pesetas para trasladar a Murcia algunas instalaciones de la Compañía Trasmediterránea, con objeto de abrir líneas entre Cartagena y las islas Baleares; 500 millones para participar en un proyecto de renovación del hotel Victoria (actualmente cerrado); 300 millones destinados a crear una promotora de películas -cuyo primer trabajo iba a consistir en una cinta sobre Antonete Gálvez, figura del cantonalismo-, y otros proyectos de alto coste, aunque de menor cuantía que los anteriores, como factorías de piensos, adquisición de barcos de bandera panameña para importación y exportación, y un largo etcétera.
El "mister Marshall" de Murcia
Además de esas operaciones -en las cuales la comunidad autónoma debía realizar inversiones directas o avalar créditos a los correspondientes promotores-, existía otra larga serie de iniciativas planteadas por las entidades locales al presidente de la comunidad; muchas de ellas, fruto de las promesas efectuadas durante la campaña a las elecciones autonómicas de 1983. Como consecuencia de este sistema -y de peticiones llegadas con posterioridad-, se acumularon en la mesa del Gobierno regional iniciativas estimadas en cerca de 200.000 millones de pesetas, según las fuentes antes mencionadas.
Algunas de las personas que disponen de estos datos describen al presidente dimisionario como "un nuevo mister Marshall" de la región murciana. Un político de la comunidad, que prefiere ocultar su identidad, dice de él que "se presentaba en los pueblos preguntando a la gente qué se necesitaba allí, y se ofrecía a resolver todos los problemas. No se daba cuenta de que era imposible pagar lo que él comprometía, salvo que se crease un banco emisor en Murcia, es decir, que se lludiera dar a la máquina de hacer billetes directamente en esta región".
Un tercer capítulo es el llamado "pacto para el progreso". Hernández Ros firmó un acuerdo con la rama murciana de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales, comprometiéndose a subvencionar con cerca de 4.000 millones de pesetas, en cuatro años, las actividades destinadas a crear puestos de trabajo o a mejorar la riqueza de la región. Esto suponía dedicar casi 1.000 millones de pesetas por año a subvenciones, esencialmente destinadas a la pequeña y mediana empresa.
La aplicación de tal idea -cuya oportunidad pocos discuten, en términos teóricos-, ha proporcionado resultados menos positivos de los esperados, por falta de criterios selectivos a la hora de conceder las ayudas, así como por las dificultades reales para afrontar una carga financiera de este volumen. Algunos miembros del Gobierno regional han mantenido conversaciones con la organización empresarial murciana, a fin de renegociar el compromiso adquirido por Hernández Ros.
