La 'cumbre' de Bruselas, bajo el signo de la esperanza

Se trata, según el documento de la presidencia francesa de la CEE, de "dar un impulso a la economía europea comparable al que le había traido, al principio de los años sesenta, la creacion de la Unión Aduanera". Es un proyecto ambicioso. Requiere a la vez ahorro, más dinero y voluntad. Thatcher ya lo había dicho claramente: "No aumentarán los recursos de la CEE sin un justo y responsable sistema de financiación, ya que, como reza la canción, "no va lo uno sin lo otro". Existe ya un acuerdo generalízado sobre la necesidad de un mayor rigor presupuestario, y la presidencia francesa ha propuesto un sistema de estricto control del aumento de estos gastos, especialmente el agrícola -exceptuando los costes que supondrá la ampliación a España y Portugal que, según el texto presidencial, "ha de hacerse en condiciones satisfactorias"- El tema del aumento de los recursos propios de la CEE aparece, lógicamente, como último punto. El presupuesto de la CEE se nutre esencialmente de tres fuentes: una parte de la base imponible del impuesto sobre el valor añadido (IVA) de los diez -un punto como máximo en la actualidad-, los aranceles comunes frente al exterior y los gravámenes agrícolas percibidos a la importación de productos agrícolas provenientes de países terceros.El problema británico viene arrastrándose desde 1979, con cheques de devolución anuales a Londres, renegociados año trasaño. El Reino Unido, con una agricultura pequeña y con fuertes importaciones de estos productos, contribuye al presupuesto comunitario más que lo que recibe de él. Es, con la RFA, el único país contribuyente neto, pero es más pobre que ésta.

Puntos en el aire

En este tema, el proyecto francés deja muchos puntos en el aire, y en algunos aspectos no es aceptable por Londres. Pero podría ser la base de una solución. Reconoce la realidad del problema y aboga por una fórmula de contribución que se basaría en la riqueza per cápita del país. No cita cifras, pero cálculos oficiosos muestran que la diferencia entre la oferta francesa y lo que, por su parte, pide Londres oscilaría entre 30.000 y 50.000 millones de pesetas anuales. No es mucho.La solución duraría lo que durasen los nuevos recursos propios, y el cheque de devolución lo tendrían que financiar todos los demás países, incluida la RFA. La factura de Bonn sigue siendo elevada desde la segunda guerra mundial. Por otra parte, Londrers tendría que financiar, como los demás, el coste del ingreso de España y Portugal.

Pero el problema no es sólo británico. Hay indicaciones de que Francia está interesada en una solución de este tipo, pues próximamente, y en particular después de una ampliación, se convertirá en un importante contribuyente neto a la CEE.Todo esto, sin embargo, forma parte de un paquete global que incluye la reforma agrícola y presupuestaria, la ampliación y las nuevas políticas. No puede haber lo uno sin lo otro. Lo que puede ocurrir es que los 10 jefes de Estado y de Gobierno fijen sólo los grandes principios de un acuerdo. Pero, de haberlo, no ha de ser una chapuza.

La CEE está al borde de la asfixia financiera. Ya para este año faltan unos 300.000 millones de pesetas para financiar la PAC. El aumento de los recursos propios es un imperativo. El documento francés no fija la cuantía, señalando tan sólo que será inferior a un punto más de la base imponible del IVA. Pero este aumento habrá de ser ratificado por los parlamentos nacionales. Los diez han de de cidir qué harán entre tanto, pues falta dinero.

El anhelo de Frangois Mitterrand sería resolver estos temas el lunes y el martes, en Bruselas, y dejar la cumbre de París, en junio, para el relanzarniento de la integración europea.

No es por casualidad que el documento francés se abre con este tema, con la necesidad de lanzar nuevas políticas comunitarias, tanto para crear un verdadero mercado interior en la CEE como un espacio social o una investigación integrada en los campos de la electrónica, telecomunicaciones y biotecnología. No quedan olvidados los programas de ayuda a las zonas mediterráneas más pobres de la CEE, que entrarían en vigor en 1985 para permitir la adaptación de estas zonas a la adhesión de España y Portugal.