La justicia francesa fue benigna con los pesqueros vascos ametrallados

El Tribunal de Primera Instancia de Lorient condenó ayer a los dos patrones de los pesqueros españoles atacados el pasado día 7 por un buque de guerra francés a sendas multas de 1.200 francos (unas 23.000 pesetas) por el delito de no respetar la orden de revisión de los pesqueros dada por patrulleras francesas, y de 120.000 francos (unos 2.300.000 pesetas) por varios delitos de pesca ilegal en aguas comunitarias durante los últimos tres meses. El tribunal retiró la acusación inicial de intento de abordaje a un barco de guerra, lo que implicaba penas de uno a 10 años de prisión.

La sentencia fue valorada positivamente por el presidente del Gobierno español, Felipe González, quien entiende que el fallo ha dado la razón a las tesis españolas, que defendieron la desproporción entre la infracción cometida por los pesqueros y su ametrallamiento. "El juez no considera que haya habido ningún motivo para que la intervención haya tenido los efectos desastrosos; que ha tenido para la integridad física de los pescadores españoles. Se trata de infracciones administrativas que llevan aparejadas penas de multa, algo realmente habitual", dijo el presidente. "Eso me confirma", prosiguió Felipe González, "en la idea de que ha habido un exceso, sin duda alguna, en el uso de la fuerza".La Oficina de Información Diplomática del Ministerio de Asuntos Exteriores difundió ayer un comunicado donde señala que el titular del departamento "ha entregado hoy una nota al embajador de Francia en España en la que se rechaza con toda energía la alegación del Gobierno francés de que la responsabilidad de los daños sufridos el día 7 en aguas del golfo de Vizcaya incumbe a los capitanes de los buques pesqueros españoles".

"El Gobierno español", añade la nota, "dejando constancia de su voluntad de cumplir estrictamente sus obligaciones convencionales y respetar en sus términos la normativa pesquera comunitaria, estima que las medidas adoptadas por el Gobierno francés son contrarias al derecho internacional y entrañan una violación del Convenio Europeo sobre la. Protección de los Derechos Humanos de 1950". Por tanto, señala que "el Gobierno francés debe revisar con carácter inmediato esta política de uso de la fuerza".

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