El fiscal pide indemnizaciones para los reclusos presuntamente maltratados en Herrera

El juicio por torturas contra el director y 11 funcionarios de la prisión de Herrera de La Mancha (Ciudad Real) entró ayer en su recta final al concluir la prueba testifical y elevar los letrados sus conclusiones provisionales a definitivas. Hoy se realizará la lectura de los informes, y muy probablemente el juicio quedará mañana visto para sentencia. El fiscal, además de los cuatro meses de suspensión que pedía para cada procesado, solicita una indemnización de 25.000 pesetas para cada uno de los 18 reclusos que, según él, fueron objeto del "rigor innecesario" de los funcionarios.

Por su parte, la acusación particular elevó a definitivas sus conclusiones con peticiones que van desde el año y medio a los 15 años de prisión para cada uno de los procesados y con indemnizaciones del orden del medio millón de pesetas para cada preso. El abogado de la acción popular elevó u, petición al calificar los hechos de torturas en lugar de malos tratos, y pidió para los procesados Malagón, Pozas y el director, Martínez Motos, penas de prisión menor. La defensa solicitó la absolución para sus patrocinados.

Tres últimos testigos

Ayer declararon los tres últimos testigos de la acusación y la totalidad de los testigos de la defensa. En el intervalo entre las intervenciones de unos y otros, el abogado defensor Lorenzo Toldrá solicitó al presidente del tribunal que declarara sin valor los testimonios de los testigos de la acusación que habían identificado en la sala a los procesados como sus torturadores, dado que la prueba de reconocimiento había sido denegada por el tribunal y éstos tenían la condición de testigos.

El presidente del tribunal, Antonio Hernández Díez, lo había señalado en ese sentido con los dos últimos testigos, lo que originó tensiones con los representantes de la acusación.

El fiscal y los miembros de la acusación se opusieron a la petición del defensor por diferentes motivos, argumentando básicamente que esa postura era excesivamente rigorista y que de lo que se trata es de encontrar la verdad. El presidente del tribunal dijo que estudiaría la petición.

Ahogadas querellantes

Antonio Hernández suspendió la sesión de la mañana después de que no comparecieran a declarar tres guardias civiles citados como testigos de la defensa.

Los testigos de la acusación, tres abogadas firmantes de la querella que propició la acción popular, explicaron la mala situación en la que encontraron a los presos de Herrera de la Mancha cuando fueron a visitarles y una de ella, Inés García, dijo que fue a ver al director de la cárcel, Santiago, Martínez Motos, para ver si podía explicar la conducta de uno de sus defendidos que se negaba a comunicar con ella cuando previamente lo había solicitado.

Añadió la testigo que el director le dijo que en la prisión de Herrera de la Mancha no ocurría ninguna situación anormal, y para convencerla conectó un monitor del circuito cerrado de televisión donde, según la abogada, se vio a los presos en las mismas condiciones y actitud que habían sido denunciadas. El director de la cárcel apagó inmediatamente el monitor después de esbozar una petición de disculpa.

Los testigos presentados por la defensa de los acusados de torturas, en su mayoría funcionarios de prisiones, manifestaron que en la cárcel de Herrera no había malos tratos, y que únicamente se repelieron algunas agresiones. Sin embargo, dos de estos testigos incurrieron en fuertes contradicciones sobre las conducciones a las que habían asistido y lo que habían presenciado. Estas contradicciones fueron destacadas. por los acusadores.

También declararon otros reclusos, quienes dijeron no haber sufrido malos tratos en la cárcel de Herrera, aunque sí habían oído hablar de que se habían producido.