Aumentó la incidencia de la huelga de profesores de enseñanza media y básica

Más de 90.000 profesores, unos 20.000 más que el miércoles, secundaron ayer la huelga de dos días convocada por siete organizaciones sindicales y profesionales del sector estatal de enseñanzas básica y media, según las estimaciones de los convocantes. Los profesores tienen intención de volver a la huelga durante el mes de marzo, si no obtienen respuestas convincentes de la Administración educativa para las reivindicaciones que van a plantear a ésta en las próximas negociaciones.

Por su parte, el ministerio admitió que el paro aumentó el segundo día "ligerísimamente", en un 2% más de huelguistas, y fijó el número de profesores en paro en un 20% del total, es decir, aproximadamente unos 50.000, justamente la mitad de la cifra estimada por las organizaciones que promovieron la huelga. En función de las estimaciones de ambas fuentes, y a una media de 30 alumnos por profesor, la cifra de escolares que pueden haberse visto afectados por la huelga oscilaría entre los tres millones y 1.500.000.El paro, que no fue secundado por la Asociación de Maestros de Taller de Formación Profesional y al que se opuso abiertamente la Federación de Enseñanza de UGT, fue convocado por las asociaciones nacionales de profesores de EGB y de Bachillerato, así como por la Federación Sindical de Profesores Estatales de EGB (FESPE), la Federación de Enseñanza de CC OO y la Unión Confederal de Sindicatos de Trabajadores de la Enseñanza (UCSTE).

Los profesores quieren que en las próximas conversaciones el Ministerio acepte negociar sin exclusiones todos los puntos de la plataforma reivindicativa de esta huelga, algunos de los cuales el ministerio los considera ya resueltos, como es el relativo al proceso de homologación de las retribuciones complementarias del profesorado con las del resto de los funcionarios. Un acuerdo sobre este punto fue firmado en su día por FETE-UGT, precisamente el único sindicato del sector que no secunda la huelga. Otras cuestiones, como la relativa a las elecciones sindicales o la futura reforma de la Seguridad Social, el Ministerio de Educación y Ciencia dice que no son estrictamente de su competencia.

Cuando los profesores aluden a la cuestión de la seguridad social se refieren fundamentalmente a las reformas que a modo de contrapartidas se anunciaban en la disposición adicional quinta de la ley de Presupuestos Generales del Estado de 1981. Dicha disposición supuso el inicio de un proceso de reducción progresiva de la cuantía de las prestaciones que los maestros venían percibiendo al jubilarse. Estas percepciones se derivaban de las cotizaciones a la extinguida Mutualidad Nacional de Enseñanza Primaria antes de que ésta fuese absorbida por la Mutualidad de Funcionarios Civiles del Estado (MUFACE).

Como consecuencia de esta disposición, que se produjo precisamente en vísperas de la decisión de reducir la edad de jubilación obligatoria de los maestros de los 70 a los 65 años, las percepciones por este concepto se retrotrajeron a la cuantía que tenían en 1973.

La medida provocó un clamor en contra de todos los maestros nacionales, particularmente entre los más viejos, es decir quienes estuvieron cotizando a la antigua mutualidad durante toda su vida profesional, y se llegó a interponer un recurso de inconstitucionalidad, desestimado posteriormente por el Tribunal Constitucional. Los maestros acataron inevitablemente la sentencia del Alto Tribunal, pero recuerdan ahora a la Administración socialista que fue precisamente el PSOE, entonces en la oposición, el que presentó dicho recurso y probablemente el grupo parlamentario que más se distinguió por sus críticas a la reiterada disposición adicional.