El juicio por torturas contra 12 funcionarios de la cárcel de Herrera de la Mancha comienza el martes

El juicio contra el director y 11 funcionarios de la prisión de máxima seguridad de Herrera de la Mancha, acusados de torturas, se celebrará el próximo día 6 en la Audiericia Provincial de Ciudad Real.La existencia de torturas fue denunciada ante el Fiscal General del Estado por 19 abogados, en septiembre de 1979. Los procesados son Santiago Martínez Motos, director de la cárcel durante los sucesos, José Antonio Barroso y Manuel Arcila , jefes de servicios, y los funcionarios José Luis Malagón, Eutiquio Gil, Salustiano Cartón, Francisco José Campos, Vicente Fernández, José María Pozas, Angel Luis Moreno, Jesús Pérez y Francisco Javier Seco.

El fiscal solicita para cada uno de los procesados la pena de cuatro años de suspensión de empleo, como autores, en su calidad de funcionarios de prisiones, de un delito contra el ejercicio de los derechos de la persona, por haber impuesto privaciones indebidas o usado un rigor innecesario con los presos. Los letrados de la acusación particular imputan a los funcionarios varios delitos de torturas y piden penas que van desde un año y medio a 15 años de cárcel, así como indemnizaciones económicas que varían según la gravedad de las lesiones causadas a los presos que recibieron malos tratos. El defensor de todos los procesados solicita la absolución por entender que no se ha producido delito alguno.

En septiembre de 1979, 19 abogados presentaron una denuncia ante el Fiscal General del Estado, en la que daban cuenta de las palizas que recibían los reclusos que ingresaban en la recién creada prisión de Herrera de la Mancha. Los presos trasladados a Herrera eran escogidos entre los más conflictivos de otras cárceles.

A raíz de las denuncias, y a instancias del fiscal de Ciudad Real, Rafael Rojo, el juez de Manzanares, Eduardo Hijas, abrió un sumario en el que declararon reclusos que hasta ese momento habían permanecido incomunicados y funcionarios de prisiones que confirmaron la existencia de torturas. El 8 de noviembre de 1979, 35 abogados de Madrid presentaron una querella por torturas contra el director, subdirector y más de 20 funcionarios de la prisión. El juez exigió a los letrados una fianza de tres millones de pesetas, la más alta exigida hasta entonces, para ejercer la acción popular.