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Fernández Dopico se niega a declarar sin abogado sobre 2.000 documentos sustraídos

El comisario Sebastián Fernández Dopico, que fue jefe de la Brigada de Interior con el último Gobierno de UCD, se ha negado aprestar declaración sin asistencia letrada en relación con el expediente que se sigue contra él por presunta implicación en una operación de sustracción de 2.000 documentos policiales días antes de la constitución de la nueva Administración socialista. En esta operación, que fue denunciada antes de su toma de posesión por el actual vicepresidente, Alfonso Guerra, está también implicado el inspector del Cuerpo Superior de Policía José Luis Rodríguez Zarco.

Fernández Dopico, hermano del ex director general de la Policía José Luis Fernández Dopico, fue denunciado, por su sucesor en la Brigada de Interior, el subcomisario Mariano Baniandrés. Cuando Baniandrés relevó a Fernández Dopico al frente de la Brigada de Interior, en enero de 1983, encomendó al inspector Juan José Medina, hoy procesado por otros asuntos ajenos a este caso, que hiciera un inventario de todos los documentos de esta unidad policial.Medina, 24 horas después, dio cuqnta a su jefe de la desaparición de 2.000 documentos, que no se encontraban en los archivos pero que sí figuraban anotados en el libro de registros. Baniandrés comunicó a sus superiores esta desaparición, hecho que quedó semiarchivado. Entre los documentos sustraídos se encontraba un importante informe sobre el 23-17 y la trama golpista.

Cuatro meses después, Baniandrés volvió a presentar otra denuncia, esta vez por oficio y anotada en el libro de registros de la Brigada de Interior. La formalización de la denuncia obligó a la apertura de una información al respecto, que se le encomendó al comisario Alberto Pérez Cayuela.

Parar el escándalo

Sin embargo, cuando estaba la investigación en marcha, el comisario Fernández Dopico se presentó voluntario en la Dirección General de la Policía e hizo entrega de los documentos, lo que modificó la primera investigación y dio lugar a la incoación de expedientes, uno a Fernández Dopico y otro a su subordinado José Luis Rodríguez Zarco. Los documentos estuvieron alrededor de nueve meses en los domicilios particulares de estos policías. La Dirección de la Seguridad del Estado trató de ocultar en su día el escándalo y facilitó, por mediación de la. Dirección General de la Policía, una escueta nota en la que se omitía el nombre de Sebastián Fernández Dopico. Con ello se pretendía no extender el escándalo al hermano del comisario implicado, director generalde la corporación con el último Gobierno de UCD y amigo personal del actual responsable de la policía, Rafael del Río.Este último, en declaraciones a EL PAIS el 8 de octubre de 1983, manifestó que la investigación total del caso podía concluir en el espacio de una semana. No obstante, la incoación de expediente no ha concluido aún, como lo demuestra un escrito enviado por los Servicios de Justicia de la Dirección General de la Policía el pasado día 17 de febrero a Fernández Dopico. Este fue citado a declarar sobre el caso y se negó a hacerlo sin la presencia de un abogado. Los servicios jurídicos le comunicaron que la asistencia letrada no es aplicable a los procedimientos disciplinarios, decisión que no ha sido acatada por`el expedientado, quien, al parecer, ha puesto el caso, para su defensa, en conocimiento de los tribunales de justicia.

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