Magistratura y terrorismo en Italia: salir de la emergencia

Parece comúnmente aceptado que unode los factores que ayudan a explicar la aparición de cierto terrorismo, terrorismo rosso, en Italia fue la decadencia de las perspectivas de transformación de la sociedad que para muchos había abierto 1968.Sectores fundamentalmente jóvenes, en vista de la clausura de ese horizonte, habrían buscado -desesperada y disparatadamente-, mediante la violencia arma da dirigida contra objetivos espe cialmente significativos del siste ma con que se quería acabar, aquello que, estimaban, la política les estaba negando. Este punto dé vistá puede ser discutido, más o menos aceptado, pero será difícil cuestionar que es precisamente de esa manera como amplias capas de la izquierda, especialmente de la izquierda comunista, pero no sólo, han vivido en su conciencia -en su subconsciente, tal vez- la irrupción de aquel fenómeno. Naturalmente, con el consiguiente efecto implícita y subliminalmente autoculpabilizador, bien rentabilizado desde otros frentes.

Sólo así podría interpretarse el apoyo incondicionado y acrítico de importantes áreas de la oposición di sinistra a los mecanismos de respuesta, por muchos motivos inaceptables, con que el poder decidió salir al paso de aquella agresión.

Efectivamente, formaciones políticas y sindicales dieron por buena, sancionándola con su adhesión, una manera de entender la realidad desde el prisma de la dialéctica amigo/enemigo, en cuya virtud la existencia misma del terrorismo legitimaba sin posibilidad de discusión cualquier modo de reacción estatal frente al mismo. Coherentemente, resultaba así deslegitimado todo apunte de conflicto social, se abdicaba de la critica, se renunciaba virtualmente al ejercicio de cualquier forma sig nificativa de oposición... Podría decirse, en fin, que buena parte de esa izquierda -la institucional, sobre todo- aceptó abrir un parén tesis en la dinámica y el debate político como algo exigido por lo extraordinario de la situación.

Poderes y jurisdicción,

Así, desde hace ya unos años, la democracia italiana vive -Rossana Rossanda diría "rnuere"- precisamente "de emergencia".

Desde una inteligencia de la higtoria inmediata y de la actual coyuntura a partir de esas claves, hace algunos días Magistratura Democrática reflexionaba en su VI Congreso, celebrado en Sorrento, sobre el tema "poderes y jurisdicción", en un momento en que esa relación se ha visto notablemente transformada por obra y gracia del cierre de determinados cauces en el interior de las instituciones. Ello ha dado lugar, por una parte, a que cada vez con más frecuencia demandas sociales que, por exigir actitudes más o menos frontales de oposición, carecían de valedores en otros ámbitos del espacio político, llegaran a los jueces en busca, si no de soluciones seguramente imposibles en ese marco, sí al menos de una simbólica aceptación legitimadora. Y, por otra, a que la misma magistratura se haya visto ejerciendo, como instancia de fiscalización, una cierta suplencia de otro tipo de controles que, cuando menos de facto, han dejado de funcionar en términos apreciables. Probablemente, con la coartada de que el poder no está ahora como para malgastar sus esfuerzos autolimitándose.

Pero esa enfatización del momento judicial no es el único fruto de la situación, ni tampoco la preocupación exclusiva de Magistratura Democrática.

La justicia ha sido también llevada, o mejor, legalmente empujada, a dar a su función una inflexión regresiva desde el punto de vista de las garantías, que se ha traducido, sobre todo, en una estimable degradación del orden penal-procesal emanado de la Constitución.

Algo que resulta especialmente visible en algunos grandes procesos, de los que el 7 aprile es un buen exponente. Aparatosas e imprecisas hipótesis acusatorias, amplificadas por la enorme incidencia de los medios de comunicación sobre una opinión tan permeable a estos temas, han funcionado como auténticas verdades preconstituidas, fundamento de condenas que se dan como tales desde hace años y que, procesalmente, pudieran no llegar a producirse nunca, en vista de las dificultades probatorias.

La polarización del interés que así se ha ocasionado en tomo a "la cuestión criminal" por excelencia ha supuesto el abandono de otros temas de reflexión. Ha provocado una cierta cultura, o quizá una cierta sensibilidad de la emergencia, que implica la insensibilización frente a fenómenos de no menor relevancia negativa que pueden estar dándose en otras áreas de los derechos civiles.

El terrorismo se apaga

Así, por ejemplo, en el ámbito del derecho laboral, donde cabe constatar un franco retroceso y una limitación del sistema de garantías configurado en los primeros años setenta. Como muestra con elocuencia el que se conoce por acuerdo Scotti, entre el Gobierno y las partes sociales, que junto a otras cosas apunta hacia una tendencial eliminación de la mediación jurisdiccional, con objeto de "contribuir a una remoción de las causas de la microconflictualidad...", en una perspectiva francamente teñida de neocorporativismo.

Sobre el fondo de estas y otras cuestiones, la izquierda judicial italiana ve, por fortuna, apagarse el terrorismo. Pero más por la propia inviabilidad de su absurdo proyecto, que no consiguió prender de manera apreciable en el tejido social, que por las medidas suscitadas para hacerle frente. Y se pregunta ahora cómo romper esa ciega espiral, cómo quitarse de encima esa herencia terrible.

Porque existe el miedo fundado a que el Estado de la crisis, los intereses en él más consistentemente representados, puedan sentir de la misma manera, con y sin terrorismo, la necesidad de mantener en actividad idénticos mecanismos de control social. La misma situación de emergencia, que ha hecho del pluralismo conflictual, antes savia de la convivencia en la sociedad democrática, un objeto de represión o de censura.