El Supremo estudiará la querella de familiares de Ruiz-Mateos contra el Tribunal Constitucional

La Sala Segunda del Tribunal Supremo decidirá la próxima semana sobre la admisión a trámite de una querella presentada por tres familiares de José María Ruiz Mateos contra el magistrado o magistrados del Tribunal Constitucional responsables de la supuesta revelación de la sentencia sobre la expropiación de Rumasa. En caso de admisión, la sala fijará la fianza necesaría para que dichos querellantes puedan ejercer la acción popular. Por otra parte, la Sala de lo Contencioso-administrativo del mismo tribunal admitió a trámite sendos recursos de los expropietarios de Rumasa encaminados a la reversión del holding expropiado y a la obtención de cantidades a cuenta del futuro justiprecio.Los familiares de Ruiz-Mateos que han presentado la querella contra los magistrados del Tribunal Constitucional son Alfonso María e Isidoro Ruiz-Mateos y María de los Dolores Albarracín, ex propietarios del 20% de las acciones de Rumasa. Los querellantes manifiestan que residen en Madrid y que no han participado en la gestión, administración y dirección de la empresa Rumasa, pero que se consideran en la obligación de formular la acción popular en defensa de sus derechos y de los múltiples accionistas expropiados.

Una querella similar presentada por José María Ruiz-Mateos fue rechazada como tal, pero admitida como denuncia, a consecuencia de la cual se iniciaron diligencias contra los magistrados citados. El pasado 15 de febrero, la Sala Segunda del Tribunal Supremo negó el ejercicio de la acción popular a Ruiz-Mateos, por no encontrarse en territorio español, sometido a la autoridad de los tribunales. De ser admitida la nueva querella y fijada y satisfecha la necesaria fianza, la sala podría tener como parte a los tres familiares citados de Ruiz-Mateos y proseguir las diligencias iniciadas.

El mayor escollo para llegar a esta situación será, probablemente, según altas fuentes jurídicas, la fijación de una fianza elevada. El propio abogado de los querellantes, Crispín de Vicente, señaló ayer a este periódico que una fianza superior al millón de pesetas "sería demasiado fuerte" para que sus clientes pudieran pagarla. Estimó como una fianza "normal" la de 100.000 a 500.000 pesetas, aunque recordó la existencia del precedente de sendas acciones populares ejercidas por el PSOE y el PCE en la anterior legislatura, a quienes se les exigieron fianzas de un millón de pesetas a cada uno.

Recursos admitidos

Los dos recursos contenciosoadministrativos admitidos a trámite por la Sala Tercera del Tribunal Supremo han sido presentados por la representación de José María Ruiz-Mateos, en el ejercicio de la vía procesal abierta por la ley sobre Protección Jurisdiccional de los Derechos Fundamentales de la Persona.

El primero de dichos recursos se interpone, invocando el derecho a la igualdad establecido en el artículo 14 de la Constitución, frente al silencio administrativo del presidente del Gobierno, a quien le fue solicitado que reconociera el derecho de reversión que asiste a todas las personas titulares de acciones o participaciones del grupo Rumasa. El segundo, que invoca el artículo 24 de la Constitución, pretende asegurar la efectividad de la participación de todos los afectados por la expropiación del grupo Rumasa en el trámite del justiprecio, mediante la dotación de los medios económicos precisos.