El PSOE se opone a que el Tribunal de Cuentas envíe a las Cortes el expediente de la fiscalización al Banco de España

El Grupo Parlamentario Socialista bloqueó ayer una resolución del Grupo Popular, en la comisión mixta Congreso-Senado del Tribunal de Cuentas, por la que se pedía a esta institución que remitiera el expediente completo -toda la documentación- de la fiscalización realizada por la misma en el Banco de España. Los socialistas, que sí asumen el contenido de la nota del Tribunal de Cuentas, justificaron su obstrucción a la propuesta de la oposición en que "la comisión parlamentaria no debía convertirse en fiscalizadora del propio Tribunal de Cuentas".

El presidente del Tribunal de Cuentas, José María Fernández Pirla, y el consejero ponente de la fiscalización al Banco de España, Ubaldo Nieto, que ayer comparecieron ante la citada comisión, no se recataron al término de su intervención en comentar a los periodistas su sorpresa por la falta de preguntas concretas de los parlamentarios sobre la fiscalización del banco emisor.El portavoz del Grupo Popular, José María Aznar, tuvo una intervención muy dura tras ser derrotada su propuesta de que se hiciera llegar a la comisión el expediente fiscalizador completo del Banco de España. Acusó a los socialistas de incumplir los acuerdos a que habían llegado previamente en las reuniones de la Mesa y Junta de portavoces sobre el tema del Banco de España; lamentó que el PSOE hubiese impedido -"le guste o no le guste al diputado Fernández Marugán, que me figuro que no le gusta"- el acceso de la comisión a la información necesaria para realizar su labor en torno a la fiscalización del banco emisor; se preguntó en voz alta por qué una auditoría concluida en junio y comunicada al Gobierno y a la institución fiscalizada no había llegado hasta seis meses después al Congreso, y anunció que a título individual todos los diputados de su grupo solicitarán reglamentariamente, a través del presidente de las Cortes, el expediente de fiscalización del Banco de España.

El portavoz socialista, Francisco Fernández Marugán, que nunca defendió expresamente al Banco de España y sí al Tribunal de Cuentas, negó que hubiesen incumplido los acuerdos de la Mesa, insistió en la necesidad de no contribuir al enfrentamiento entre instituciones del Estado y reiteró que la misión de la comisión mixta era exclusivamente conocer las comunicaciones del Tribunal de Cuentas y proponer resoluciones.

Sobre este aspecto, el Grupo Socialista propuso una resolución que, en base a su mayoría, prosperó en el sentido de que el Banco de España corrija sus balances de 1981 y 1982, atendiendo los criterios -contables propuestos por el Tribunal de Cuentas (extremo que, por cierto, ha realizado ya hace tiempo el Banco de España), y pidiendo al Gobierno que cumpla un mandato recogido en una ley de 21 de junio de 1980 y envíe un proyecto de ley al Congreso por el que se regule la naturaleza, régimen jurídico, funciones y actuación del Banco de España.

Ruptura de acuerdos previos

El Grupo Popular, en la resolución que no prosperó por los votos mayoritarios del PSOE, solicitaba, de acuerdo con el artículo 44, punto primero, del Reglamento de las Cortes, que se pidiera al Tribunal de Cuentas la remisión completa del expediente fiscalizador al Banco de España para que en un plazo de 30 días pudieran conocer ampliamente los diputados todos los datos de la auditoría y convocar posteriormente una nueva reunión de la comisión mixta sobre este tema.

Según Aznar, previamente a la sesión de ayer -y tras una anterior iniciativa del Grupo Popular, que tampoco prosperó, para que comparecieran conjuntamente el gobernador y subgobernador del Banco de España y el presidente del Tribunal de Cuentas- se llegó a unos acuerdos con el PSOE para cambiar el orden del día de la comisión y delimitar el tratamiento del punto sexto, que correspondía a la fiscalización al Banco de España. Allí se acordó que los diputados, según el Grupo Popular, pudieran tener acceso, siempre que no trascendiera (se dijo, incluso, que no habría fotocopias, para impedir las filtraciones), a los datos base recogidos en la fiscalización del Tribunal de Cuentas.

Previamente a la votación de resoluciones, se interrumpió la sesión un cuarto de hora para que los grupos trataran de ponerse de acuerdo. La pausa se prolongó más de 45 minutos y, pese a las continuas consultas de los socialistas, no se llegó al acuerdo.

Con anterioridad a la auditoría del Banco de España, la comisión fue informada de la fiscalización de las inversiones de la Empresa Nacional de Autocamiones, SA (ENASA) en Venezuela, de las adquisiciones de automóviles por el Parque Móvil y de las gratificaciones a los conductores de dichos servicios, auditoría al Banco de Crédito Industrial y falta de retenciones fiscales a las cantidades empleadas en atenciones sociales y gastos de carácter representativo en algunos organismos oficiales.

La comisión, en distintas resoluciones, pidió que continuara la fiscalización de ENASA, que se centralizaran todos los vehículos oficiales en el Parque Móvil y que fuera éste quien diera con criterios objetivos las gratificaciones a los conductores.