Las acusaciones de inconstitucionalidad siguen centrando los debates de las Cortes

La Constitución fue, una vez más, la protagonista indirecta de la jornada parlamentaria de ayer, tanto en el Senado, con la LODE (ley orgánica del Derecho a la Educación), como en el Congreso, con el debate de los proyectos del Fondo de Compensación Interterritorial y de Defensa del Consumidor, que vieron las enmiendas a la totalidad interpuestas por la oposición rechazadas por la mayoría socialista. No faltaron, sin embargo, referencias -en especial procedentes de la Minoría Vasca- a la presunta inconstitucionalidad de ambos proyectos, y veladas promesas de remisión de los respectivos textos al correspondiente tribunal.Tanto los vascos, por boca de Ignacio Etxeberría, como la Minoría Catalana," representada por Carles Gasoliba, incidieron en el que estiman erróneo reparto que propone el proyecto del Fondo de Compensación Interterritorial -que en su última dotación anual. asciende a 2 1,0.000 millones de pesetas-, por entender que ha de aumentarse el porcentaje del fondo que se reparte de forma directamente proporcional a la tasa de desempleo (según el proyecto, un 5% se distribuye con arreglo al paro de cada región). El fondo interterritorial ha sido repartido en los tres últimos años, y consignado en los Presupuestos Generales, siguiendo los criterios de este proyecto de ley.

Reproduciendo los esquemas ya conocidos en el Senado, cámara que tramitó con anterioridad este proyecto, el socialista Abel Caballero afirmó que de aceptarse las ponderaciones propuestas por la Minoría Vasca, Andalucía recibiría un 35% menos de lo previsto; Extremadura, un 30% menos, y Galicia, un 64% menos, mientras que Cataluña y el País Vasco verían su cuota aumentada en un 61% y 63%, respectivamente. El Grupo Popular, que anunció un posible recurso de inconstitucionalidad contra el texto, afirmó que el proyecto no es solidario. El comunista. Fernando Pérez Royo mostró también su disconformidad con el texto gubernamental, y pidió que los recursos del fondo, una vez distribuidos, sean gestionados soberanamente por las comunidades autónomas, y no de forma compartida con la Administración central.

El ministro de Sanidad, Ernest Lluch, comenzó la presentación del proyecto de ley Defensa del Consumidor insistiendo en la seriedad con que se ha abordado su redacción, tras lo ocurrido con el envenenamiento masivo del aceite de colza. La voluntad conciliadora mostrada por el ministro durante su discurso, sugiriendo que se admitirían mejoras durante la discusión de las enmiendas parciales, no le sirvió para que la diputada nacionalista vasca Ana Gorroño olvidase sus amenazas dé presentar recurso de inconstitucionalidad contra este proyecto, y reiterase las referencias a la lentitud con que se desarrolla el Estatuto. Pero esta frase puso de manifiesto una estrategia que se viene haciendo cada vez más patente en la Cámara baja: desde los diversos grupos de la oposición se esgrime, como última razón para descalificar un proyecto, la más dura de las acusaciones: la presunta inconstitucionalidad. Así ocurrió esta misma semana con la reforma de la función pública o, incluso, con el proyecto de cultivos marinos.