Los ayuntamientos serán el principal escudo del ciudadano

Un mínimo de dos años de tiempo serán necesarios, a juicio de varios expertos, para poner en pie una Protección Civil digna de tal nombre. La Administración desconoce, en estos momentos, datos tan esenciales como el catálogo de riesgos potenciales (parcialmente disperso en diversos organismos) o los recursos. movilizables en caso necesario; ambas tareas su ponen un enorme trabajo. pendiente. A ello hay que sumar la escasez y poca especialización de los servicios llamados a controlar una emergencia, hasta ahora constituidos por voluntarios, amén del habitual recurso a fuerzas de Seguridad del Estado y unidades militares, en su mayoría poco o nada preparadas para tareas específicas de protección civil.Las mismas fuentes antes cita das afirman que los proyectos de la Administración se mueven aún en un terreno demasiado teórico sin que existan decisiones sobre el método de financiación de estas reformas. Por el contrario, está muy clara la primacía de las autoridades civiles en la competencia sobre todos los aspectos relativos a la Protección Civil; algunas cuestiones de la futura ley rozan o complementan la Defensa militar, y podrían ser utilizadas en tiempo de guerra o de tensión prebélica, lo cual ha sido objeto de amplios debates entre el ministerio de Defensa y los departamentos civiles.

Un país catastrórico

España es uno de los países europeos con mayor índice de riesgo por catástrofes naturales y accidentes derivados del uso de la tecnología, según profesionales en la materia. Esa consideración viene precedida por el impresionante balance de los últimos meses: las lluvias torrenciales en el norte de España provocaron la muerte de medio centenar de personas y la semidestrucción de la zona más industrializada del País Vasco; dos accidentes de aviones costaron la vida a 274 personas; el incendio de la discoteca Alcalá 20 dejó un saldo de 81 muertos; y la ya habitual serie de fuegos en zonas rurales hizo que el pasado año se quemaran 95.000 hectáreas. A ello hay que sumar accidentes ferroviarios, desprendimientos de tierras y problemas relativos a la circulación de mercancías peligrosas, así como los riesgos -afortunadamente escasos, hasta ahora- de terremotos, accidentes nucleares y evacuación de lugares con grandes concentraciones de personas, como estadios o grandes almacenes.

Después de las muertes, toda catástrofe tiene también una vertiente económica. Los daños por las inundaciones en el Norte fueron evaluados en 554.000 millones de pesetas, mientras que las pérdidas por incendios forestales en 1983 provocaron pérdidas estimadas en 23.000 millones; es decir, el coste de ambas catástrofes equivale a dos tercios del total de pérdidas sufridas por las empresas públicas en España, durante ese mismo año.

La investigación sobre el accidente de un avión de Spantax en el aeropuerto de Málaga, el 13 de septiembre de 1982 (51 muertos), permitió averiguar que el servicio contra incendios había tardado demasiado en intervenir, porque los motores de sus vehículos se hallaban parados desde hacía mucho tiempo y tuvieron dificultades para arrancar. Las del cuerpo de bomberos a los locales públicos de Madrid se realizaron después del pavoroso incendio de la discoteca Alcalá 20, y no antes del mismo, en fatal coincidencia con el proceso de transferencia de las competencias sobre espectáculos, desde la Administración civil a las autoridades locales (la confusión era tan enorme que el propio gobernador de Madrid y el primer teniente, de alcalde exhibie.ron un peritaje privado, como si fuera el resultado de una inspección oficial a dicho establecimiento).

Federico Gallo, que era el director general de Protección Civil en 1980, se enteró del estallido de las calderas de un colegio en Ortuella (Vizcaya), con el resultado de 53 muertos, por la llamada de una agencia. de Prensa, y no porque le alertaran fuentes más lógicas. No quiere decir que los problemas se limitaran al pasado: tras las inundaciones de 1983, numerosas autoridades organizaron columnas de socorro (ministro del Interior, altos mandos militares) sin coordinación mutua, y costó serios esfuerzos reunir un "estado mayor de crisis" que enviara lo necesario a los lugares donde se necesitaba.

Todavía más espectacular: expertos en Protección Civil afirman que el choque de aviones en el aeropuerto de Barajas, en diciembre pasado, fue seguido por "uno de los mayores desastres que se recuerdan" en la organización de los servicios de ayuda y socorro de las víctimas. Esa situación se produjo por coincidencia de innumerables autoTidades y servicios: Ministerio del Interior, Ministerio de Transportes, autoridades de Sanidad, autoridades del aeropuerto, Policía Nacional, Policía Municipal de Madrid, bomberos de Madrid, bomberos de la comunidad autónoma, servicios de la base de Torrejón y un largo etcétera.

Frente a escasez, movilizaciones

"Lo más grave que ocurrió en Barajas", según los expertos antes consultados , "es que nadie sabía quién dirigía ni quién organizaba". Toda una serie de jefes y mandos de variada, procedencia compartieron voluntarismo y estorbos mutuos, a partes iguales. Transcurrieron muchas horas hasta que la situación pudo encarrilarse, según las fuentes citadas.

Este abanico de ejemplos avala la importancia de la formación técnica de quienes deben intervenir en la prevención de riesgos y la solución de accidentes y catástrofes, así como en la existencia de un orden en cuanto a autoridades encargadas de resolver una emergencia. Pero así como e sto último va a ser abordado ampliamente por la futura ley de Protección Civil, el primero de dichos factores parece mucho rpás problemático.

A finales de julio pasado, este periódico publicó un informe en el que se decía que los servicios estatales de Protección Civil sólo contaban con 300 funcionarios en toda España. Ese reportaje era exagerado: en realidad son 200, según datos del propio director general de Protección Civil (véase entrevista en estas páginas). La organización estatal es puramente embrionaria, y el problema no es sólo de número, sino de cualificación para las tareas a desempeñar. Un simple traslado de arquitectos o ingenieros, desde otros departamentos al de Protección Civil, tropieza con las lentitudes de la maquinaria burocrática del Estado. Así se da la curiosa paradoja de que la Administración central encarga estudios a consultoras privadas, por falta de servicios propios que pudieran realizar eficazmente ese trabajo.

Las disposiciones en estudio prevén la posibilidad de movilizar a cualquier ciudadano, mayor de edad, para servicios relacionados con la protección y a recibir instrucción al respecto. Cierto número de personas podrán ser obligadas a prestar un servicio civil, cuando entren en vigor las leyes sobre objeción de conciencia y protección civil. Los contingentes más importantes se nutrirán con los jóvenes que, en el momento de su incorporación al servicio militar, no lleguen a hacerlo, bien por objeción de conciencia al uso de las armas, o porque sean declarados excedentes de cupo.

Algunas fuentes de la Administración ponen en duda que tales previsiones puedan aplicarse con prontitud. No hay fechas para la entrada en vigor de las disposiciones sobre objetores, excedentes de cupo y parados, entre otras razones porque no se sabe qué departamento administrativo tendrá que soportar la carga financiera de tales contingentes y el entrenamiento de los diferentes sectores. Esas mismas fuentes desconfian de la eficacia de tales medidas, ya que "lo importante en Protección Civil no es sólo disponer de mucha gente, sino de personal muy preparado".

350 ayuntamientos, en el centro

Más de 350 ayuntamientos -los que superan los 20.000 habitantes- habrán de organizar servicios de intervención inmediata en caso de emergencias, según los planes del Ejecutivo. El más importante -y caro- es el de extinción de incendios. Actualmente no disponen del mismo ni la tercera parte de aquéllos.

"España es un país donde hay más alcaldes que bomberos", alegan expertos en la materia. El número de alcaldes supera el de 8.000, mientras el de bomberos apenas sobrepasa la mitad. Para hacerse una idea de lo que significa montar un pequeño servicio de este tipo, pueden calcularse los siguientes costes: 60-65 millones en la construcción de un parque, 6070 para comprar el material imprescindible (un land rover, un coche-bomba, un tanque de agua, un coche-escala) y 60-70 millones adicionales en costes de personal y mantenimiento. Bastante caro para gran parte de los municipios afectados por la futura ley.

También se responsabilizará a esos mismos ayuntamientos de "garantizar, en situaciones de emergencia, la transmisión de la alarma; la seguridad de las comunicaciones; la evacuación y albergue; la asistencia sanitaria y social; el suministro de agua potable; la rehabilitación de los servicios esenciales, y el desescombro". Todo ello, según el actual proyecto de ley.

Pocos ayuntamientos se encuentran preparados para afrontar tales responsabilidades. Los sistemas de Protección Civil mejor desarrollados se encuentran en Barcelona y Zaragoza, que, según los expertos, pueden considerarse excepciones en la materia. Incluso Madrid se encontraba muy retrasada: en estos días, el Ayuntamiento de la capital prepara la contratación inmediata de una decena de técnicos, con los cuales reforzará a los cuatro de que disponía su departamento de Protección Civil junto con otro personal auxiliar), en la perspectiva de llegar hasta medio centenar de personas exclusivamente dedicadas a estas funciones en la capital.

Según la misma pieza legal, la Protección Civil contará con otras entidades, a las que se califica de "colaboradoras" de aquélla. En esa situación se encuentran las Brigadas de Tropas de la Cruz Roja y la Cruz Roja del Mar, así como "los servicios de vigilancia, protección y lucha contra incendios de las empresas públicas o privadas".