España gasta anualmente 15,7 pesetas por habitante en seguridad

J. P., España gasta 15,7 pesetas por habitante en protección civil, cifra verdaderamente modesta en relación con otros países. Lo afirma el propio director general de Protección Civil, Antonio Figueruelo, de 47 años, ex delegado de seguridad del Ayuntamiento de Barcelona.

Sin embargo, el máximo responsable estatal en esta materia considera que los problemas no son sólo presupuestarios, sino de falta de sensibilidad ciudadana y de dificultades para conseguir la unidad de mando en la actuación frente a eniergencias.

Pregunta. El proyecto de ley de Protección Civil atribuye muchas competencias a los ayuntamientos. ¿Cree usted que éstos se encuentran en condiciones de organizar tal servicio?

Respuesta. Puede y debe organizarse, y nadie puede dimitir de esta responsabilidad, a mi juicio básica, proyectándola -por insuficiencia de medios o por falta de personal- hacia instancias superiores. Estimo que la defensa de la vida y las haciendas de los ciudadanos tiene prioridad, con todos los respetos, sobre cualquier otra competencia municipal.

Todas las administraciones tenemos problemas financieros y funcionales y, además, atravesamos un difícil momento económico: no podemos pedir mucho más. Es preciso hacer un decidido esfuerzo de imaginación política. España es un país en proceso de desarrollo, posee medios y recursos suficientes para articular una política de seguridad que no se base exclusivarnente en el socorrido procedimiento de acudir al presupuesto público.

Es preciso, en consecuencia, saber qué recursos tenemos, dónde están, quién los tiene y quién los puede operar con eficacia en caso de necesidad para integrarlos en planes de Protección Civil que los hagan operativos en tales situaciones. Y digo esto a todos los niveles: desde la base, los ayuntamientos y sus términos municipales, las comarcas. las provincias, las comunidades autónomas y, en último término, naturalmente, el Gobíerno dela nación. Por lo que respecta al caso concreto de los ayuntamientos, basta inicialmente con destinar a este fin un pequeño núcleo técnico capaz de inventariar los riesgos del término, preparar el catálogo de recursos movilizables y articularlos en un plan de acción.

De mi experiencia en el Ayuntamiento de Barcelona, con el alcalde Narcís Serra, data la constitución de la Comisión Municipal de Emergencias, a la que se encomendó la preparación de estos trabajos; para desarrollarlos no se precisó habilitar crédito alguno.

P. ¿Qué cambios se pretenden?.

R. Tres fundamentalmente. En primer lugar, divulgar entre la ciudadanía y las administraciones públicas los conocimientos básicos de la autoprotección. En segundo término se pretende crear el marco jurídico en cuyo contexto se produzca la coordinación ordenada, rápida y eficaz de todos los servicios en caso de emergencia; el grueso del cuerpo legal está orientado en esta dirección, es decir, en la prefiguración de la indispensable unidad de mando, a nuestro juicio factor clave en el buen éxito de todas las operaciones de Protección Civil.Escaso presupuesto

P. ¿Cuál es el nivel presupuestario de Protección Civil en España en comparación con otros países europeos?

R. Es claramente modesto. No debemos olvidar, sin embargo, que partimos de cotas bajísimas. Aunque existía una estructura administrativa desde hace bastantes años, el concepto actual de Protección Civil, tal y como se entiende desde 1950 en los países de nuestra área cultural, no se descubrió aquí hasta 1980. Debemos recuperar, pues, un enorme atraso. Frente a los 29 dólares (4.500 pesetas) por habitante y año que destina Suiza a este cometido, o los 18 (2.800 pesetas) de la Unión Soviética, los 20 (3.100 pesetas) de Suecia, los 10 (1.500 pesetas) de Dinamarca, Noruega o Finlandia, los casi 7 (algo más de 1.000 pesetas) de la República Federal de Alemania, etcétera, España debe bajar el listón de los dólares y ponerse en la relación de pesetas / habitante / año: 7,8 pesetas en 1982, 3,68 en 1983 y, en salto cuantitativo significante de la nueva sensibilidad del Gobierno, 15,7 pesetas / habitante para el año 1984.

P. ¿Cuántos funcionarios trabajan actualmente para Protección Civil?

R. La Dirección General de Protección Civil, del Ministerio del Interior, cuenta con medio centenar de funcionarios en el departamento central, y una centena y media en las secciones de los respectivos gobiernos civiles. Pero no se trata de un problema de número, sino de idoneidad. A esos funcionarios deben sumarse los pertenecientes a las direcciones de Protección Civil que están creando numerosas administraciones publicas, principalmente las comunidades autónomas.

P. ¿El personal voluntario o a tiempo parcial puede ser una solución?

R. No debe confundirse el papel cualificado y profesional de los cuadros directores, del otro, auxiliar y eminentemente cívico, correspondiente a las agrupaciones de voluntarios, o del personal obligado por ley, en su momento, que desarrollará funciones subsidiarias respecto a los servicios profesionales.

P. ¿Cómo es que la protección al ciudadano no ocupa un lugar más adecuado al alto riesgo en nuestro país?

R. El retraso o la desidia que padecemos no puede achacarse a nadie en concreto: es la resultante de un estado general de educación cívica. El día que nuestros bosques o nuestras playas estén limpios, por poner sólo un ejemplo, podremos empezar a estimar los problemas de Protección Civil en relación a su importancia. No se trata, pues, de un problema presupuestario o administrativo; existe un clima cívico que, lamentablemente, sólo despierta cuando ocurre una catástrofe.

Los costos de seguridad no terminan de aceptarse en una economía anquilosada en los viejos conceptos capitalistas. Pero el ahorro para la economía nacional sería superior.