Un juzgado de Barcelona concluye la instrucción del sumario por el fraude de Renta Catalana, cuyo juicio podrá celebrarse antes de fin de año
El juzgado número 7 de Barcelona ha concluido la instrucción del sumario por el fraude de Renta Catalana y ha ordenado su traslado a la sección primera de lo Penal de la Audiencia Provincial para que declare la apertura del procedimiento oral. En medios jurídicos se ha señalado que el juicio contra los cuatro implicados en el fraude, los hermanos Ignacio y Antonio María Baquer Miró, Eduardo Guillén Ulloa y Félix María Millet, por presunta estafa, apropiación indebida y falsedad. en documento oficial podría celebrarse antes de finalizar el año.El fraude de Renta Catalana empezó a denunciarse en 1978, cuando la firma inversora modificó sus estatutos y convirtió a lo cuentapartícipes en socios de una empresa anónima, eludiendo de esta manera el pago de los intereses y la devolución del capital entregado. Renta Catalana intentaba así soslayar una dura crisis provocada por las dificultades en el sector de la construcción y por unas inversiones suicidas. En 1981, en el juzgado de instrucción número 7 de Barcelona se acumularon todas las querellas planteadas por los perjudicados, y se inició un procedimiento que culminó el pasado mes de mayo, cuando el magistrado juez; Flors Maties -destinado actualmente a Valencia- dictó el auto de procesamiento y remitió la causa al Tribunal Supremo para que examinara si procedía extender las responsabilidades a los diputados Joaquim Molins y Josep MariaTrias de Bes, miembros de Convergència i Unió.
La negativa del Tribunal Supremo a procesar a los diputados Josep Maria Trias de Bes y Joaquim Molins ha sido considerada en medios Jurídicos como un grave obstáculo para llegar al fondo del fraude y establecer las justas responsabilidades.
El punto mas polémico y controvertido en esta causa son las presuntas relaciones de Renta Catalana con Banca Catalana. Para el abogado penalista Fernando Cabestany, en cuyo despacho han coincidido el mayor número de perjudicados, entre Renta Catalana y Banca Catalana "existen unas sutiles relaciones jurídicas, que jamás han sido probadas". Ha recalcado también las coincidencias existentes entre el logotipo de Renta Catalana y el de Banca Catalana, que provocó una confusión entre los inversores, "hasta el punto de que muchos de ellos depositaron el dinero en la firma, creyendo que lo hacían en alguna filial de Banca Catalana". Cabestany concluye que "en definitiva es una burda y grosera estafa".
En 1978 se aseguró que el fraude había provocado un perjuicio de más de 2.000 millones de pesetas a cerca de 1.500 inversores, entre los que se encuentran el periodista Enrique Rubio o la viuda del también periodista Manuel del Arco. A lo largo de estos años los gerentes de la entidad intentaron reflotar la empresa e indemnizar a los perjudicados. Esta es una de las razones de que un número considerable de perjudicados hayan desistido de sus acciones judiciales. El abogado Fernando Cabestany confía en que que antes de llegar al juicio oral se haga una nueva oferta a los perjudicados, que, aceptarían retirar la querella si el ofrecimiento es digno".
