La Audiencia Nacional frena la concesión de la libertad provisional de Salomó por temor a reacciones contrarias

El retraso con el que Enrique Salomó reingresó el jueves en la prisión provincial de Tarragona -sobrepasando en cinco horas el permiso de 72 horas de libertad vigilada de que disponía-, puede haber levantado reticencias en la Audiencia Nacional, que parecía decidida a decretar en breve la libertad provisional del industrial. La liberación condicional del industrial, encarcelado por su implicación en el fraude del aceite de colza desnaturalizado, habría coincidido con el cumplimiento de los 30 meses de prisión preventiva, el período máximo establecido por la ley de Enjuiciamiento Criminal. El temor a reacciones contrarias, tanto de los afectados por el síndrome tóxico como de algunos sectores políticos, así como a un previsible encadenamiento de solicitudes similares de los otros detenidos por el fraude, parecen haber contribuido también a frenar la decisión de la Audiencia.

El argumento decisivo por el que la Audiencia Nacional parecía decidida inicialmente a otorgar a Salomó la libertad provisional, o cuando menos un nuevo permiso de libertad vigilada, parece ser su estado psicólogico y la situación de desamparo de sus hijos, tras el asesinato de su esposa, María Teresa Mestre Guitó, según ha podido saber EL PAIS en fuentes dignas de crédito.En el supuesto de que se confirme un nuevo permiso de libertad bajo vigilancia policial, o más improbablemente su libertad provisional, Enrique Salomó residiría en un piso que la familia posee en Tarragona, al que se trasladarían también sus dos hijos, abandonando definitivamente el apartamento de Cambrils.

Hasta el momento nadie ha sabido dar una explicación oficial de por qué el pasado jueves Salomó regresó a la prisión provincial de Tarragona alrededor de la una de la tarde, en lugar de hacerlo a las ocho de la mañana, hora en que terminaba el permiso de 72 horas de libertad vigilada concedido por la Audiencia Nacional. Durante las 72 horas, Salomó permaneció custodiado por efectivos de la Guardia Civil, que podían haberle conducido en cualquier momento al centro penitenciario. Sin embargo, el industrial reingresó en la cárcel con cinco horas de retraso, circunstancia que parece haber originado una notable tensión en medios jurídicos.

La Audiencia Nacional tiene sobre la mesa dos telegramas, remitidos por el abogado Jordi Claret Andreu, en los que se reclama la libertad provisional de Salomó, alegando la especial situación familar en que se encuentran él y sus hijos.

Fernández Oubiña matiza

Por su parte, Adolfo Fernández Oubiña, magistrado de la sección primera de lo penal de la Audiencia Provincial de Barcelona, amigo personal de la familia Salomó, matizó ayer las declaraciones que hiciera días atrás a raíz del descubrimiento del asesinato de María Teresa Mestre, en las que criticó diversas manifestaciones y el comportamiento del gobernador civil de Tarragona, Vicente Valero, durante los primeros días de la desaparición de María Teresa Mestre.

"Desde el primer momento presté ayuda moral a los hijos de unos amigos, que tenían al padre en la cárcel y a la madre secuestrada. Pero lo hice estrictamente como ciudadano particular. Como particular conocí el caso y me extrañó enterarme por los medios de comunicación de que en el coche se había encontrado el emblema de una organización -Amnistía Internacional-; de que el cadáver tenía guardadas en un guante unas monedas y de que éstas podían interpretarse como un mensaje; de la hora de la muerte de la víctima; y de otras muchas más circunstancias del caso", explicó ayer el magistrado. "Creo que el artículo 301 de la ley de Enjuiciamiento Criminal prohíbe dar a conocer estos datos", añadió, "por lo que, como ciudadano, me limité a pedir que se cumpliera la ley, ya que se trataba de diligencias judiciales secretas".

El magistrado Adolfo Fernández Oubiña, midiendo cada una de las frases, aseguró que es marginal que los investigadores creyeran que la desaparición de la esposa de Enrique Salomó fuera un montaje o un secuestro, "ya que de lo que no cabe duda es de que desde un primer momento la investigación fue total y exhaustiva, cosa lógica tanto en un caso como en otro".

El juez quiso expresar también su agredicimiento "a la primera autoridad administrativa de la provincia de Tarragona por la afabilidad con que trató siempre a los hijos de la víctima e incluso llegó a hacer gestiones para lograr la libertad de su padre". Fernández Oubiña concluyó asegurando que "de lo único que no me hago responsable es de cómo los medios de comunicación titularon las informaciones", aludiendo a la forma en que fueron recogidas por algunos periódicos sus declaraciones iniciales sobre el caso.

No hay discriminaciones

El director de la prisión provincial de Tarragona, por su parte, manifestó ayer a la agencia Europa Press que el trato otorgado a Enrique Salomó es exactamente igual al concedido a otros reclusos. Afirmó que el comportamiento del detenido es normal y que por ello "se le concedió realizar su trabajo, en el economato, en donde tiene buenos amigos".

"Los únicos beneficios que el señor Enrique Salamó puede conseguir son los derivados de este trabajo, como, por ejemplo, tomar algun bocadillo o cosas similares. Al señor Salomó se le considera un hombre con preparación y conocimientos por lo que el destino del economato es idóneo para él", afirmó el director de la prisión.