El alcalde de Santander trata de dificultar las bajas en el padrón

El Grupo Parlamentario Socialista en la Asamblea Regional ha presentado una proposición no de ley en la que solicita del Gobierno regional "remueva los obstáculos que impiden o dificultan el ejercicio de derechos constitucionales a algunos ciudadanos de Santander". La iniciativa parlamentaria se produce días después de que el alcalde de Santander, Juan Hormaechea, ordenara la aplicación de medidas restrictivas para solicitar la baja en el padrón municipal.En opinión de los socialistas, los requisitos exigidos irían en contra de lo establecido por la Constitución en cuanto a la libertad de los ciudadanos para fijar su residencia, así como la igualdad ante la ley.

Una circular del alcalde de Santander, dirigida al negociado de estadística, parece tener como objetivo frenar la demanda masiva de ciudadanos de causar baja en el padrón municipal, iniciada tras la aprobación por el Ayuntamiento de Cantabria de un gravamen del 10% en la cuota líquida del impuesto sobre la renta de las personas físicas. Entre otras acreditaciones, se exige al solicitante de la baja provisional que no se hará efectiva hasta seis meses después de solicitada, certificación del cambio en el puesto de trabajo, domicilio en el nuevo lugar de empadronamiento, documento notarial de venta de su vivienda en Santander y de compra o arrendamiento o título de propiedad del nuevo domicilio, y en el caso de hijos en edad escolar, acreditar el centro al que acudían y al que vayan de acudir tras el cambio de domicilio. Asimismo, la circular establece que caso de "no resultar plenamente justificados los motivos del cambio" se denegará la baja, "sin perjuicio de remitir al ministerio fiscal, por si pudiera constituir delito, la falsa declaración jurada".

Para el Grupo Parlamentario Socialista, dicha circular conculca varios artículos de la Constitución, dando lugar, según Juan González Bedoya, el firmante de la proposición no de ley, a que los santanderinos "queden en inferioridad de derechos y en superioridad de deberes respecto al resto de los españoles". Entre los artículos vulnerados cita el 14, por el que se establecen los derechos y libertades de los ciudadanos, que no podrán ser discriminados, entre otros motivos, por razón de lugar de nacimiento, así como el artículo 19, que especifica que "los españoles tienen el derecho a elegir libremente su residencia y a circular por el territorio nacional".

La proposición socialista pide la intervención del Gobierno regional en base a lo establecido en el Estatuto de Autonomía, según el cual corresponde a la Diputación Regional "promover las condiciones para que la libertad e igualdad del individuo y de los grupos en quienes se integra sean reales", así como "remover los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud".