El Gobierno debate la rebaja del 9% al 8% en la anunciada subida media de pensiones
El Consejo de Ministros estudiará hoy el reparto de la subida en las pensiones para 1984. En los debates previos -el lunes, la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos; ayer, los subsecretarios-, parece que no ha prosperado el intento de rebajar la anunciada revalorización media del 9% al 8%, pero tampoco el 9% presupuestado. Persiste la indecisión sobre cómo detraer de los 1,8 billones de pesetas asignadas este año a prestaciones económicas el dinero necesario para nuevos proyectos de la Seguridad Social. Entre ellos figura el ya avanzado de elevar de 21 a 26 años la permanencia en cartilla para el casi medio millón de parados entre esas edades, que costará un mínimo de 5.000 millones de pesetas.Como estaba presupuestado, la Administración pretende fijar la pensión media en 25.230 pesetas, con subida del 9%, si bien las más bajas se elev arían un 11%, gracias a los ahorros de menores subidas para las más altas, normas sobre convergencia e incompatibilidades. No obstante, parece que, si bien se mantendrá el 9%, no se cumplirá exactamente el anuncio de que "la revalorización alcanzará cotas del 11% para las pensiones mínimas", recogido en el Presupuesto de la Seguridad Social para 1984. De los incrementos superiores a la inflación prevista es probable que sólo se beneficien los pensionistas con cargas familiares.
La subida de un 9% en las pensiones medias, frente al 8% fijado en principio, fue decidida a mediados de septiembre, con motivo de las críticas de UGT a la política laboral que proyectaba el Gobierno y de una reunión que mantuvo en el palacio de la Moncloa Nicolás Redondo con Felipe González y Alfonso Guerra, al regreso de éste de la clausura de los cursos de la Universidad de Santander. Tras aquella sesión, el gasto previsto para desempleo y Seguridad Social creció en casi 80.000 millones de pesetas; de ellos, unos 20.000 corresponderían a pensiones, que ya iban a crecer un 16% por todos los deslizamientos y pasarían al 17,5%.
El coste de la revalorización, materializable desde la nómina de los primeros días de febrero, sería de 129.900 pesetas, dentro de un aumento general de gasto para los 5.035.000 pensiones de 268.280 millones (hasta 1,81 billones de pesetas). El resto es necesario para atender un aumento del 3,9% en el número de pensiones (en total, 196.700), otro de 2,9% en la pensión media porque las nuevas son siempre superiores a las que se dan de baja, y el pago de 67.000 millones para liquidar atrasos con motivo de la primera entrega.
Las escasas medidas tomadas para reducir el gasto en estas prestaciones, así como el pequeño incremento global de recursos que permiten las medidas introducidas en el debate de los Presupuestos (congelación a partir de 187.000 pesetas y convergencia cuando hay más de una pensión, sobre todo), dificultaban ya una revalorización de las mínimas superior a la media del 9%. Ello obedece a que cerca de las tres cuartas partes de las pensiones -invalidez, jubilación, viudedad, orfandad y favor de familiares- tienen ya carácter de mínimas.
Revalorización media
El asunto se dificultaba si, como ha pretendido últimamente buena parte de la Administración y se ha debatido esta semana en las comisiones del equipo económico del Gobierno y de los subsecretarios, el dinero para otras necesidades de la Seguridad Social se sacaba del presupuesto de pensiones.
La decisión que puede adoptar hoy el Consejo de Ministros es probable que siga una alternativa tendente a conseguir el 9% de revalorización media. Consistiría en garantizar el 8% para las inferiores a 70.000 pesetas anuales (hay 13,45 pagas al año) y fijar el 11% sólo a para los pensionistas con prestaciones mínimas que tengan familiares a su cargo. En cambio, las superiores a 70.000 pesetas tendrían que subir menos del 6,5%.
De todas formas, el reparto tendrá carácter de transición entre las fórmulas aplicadas en los últimos años -dirigidas a la proporcionalidad inversa- y las que regule el proyecto de ley de pensiones, cuya elaboración ha empezado a demorarse y que, según los pronósticos más fiables, supondrá un recorte efectivo de las prestaciones. Así, la promesa socialista de garantizar el poder adquisitivo a las pensiones tendrá un cumplimiento difícil, que incluso peligraría en 1984 si no se cumple el objetivo de bajar la inflación al 8%.
