Santuarios terroristas

EL ATENTADO perpetrado en San Juan de Luz contra Miguel Goikoetxea -clínicamente muerto, según los partes médicos, a consecuencia de los disparos recibidos en la cabeza- ha sido reivindicado por el fantasmagóricos Grupos Antiterroristas de Liberación (GAL), del que nada se conoce oficialmente y todo se sospecha oficiosamente. El director de la Policía, Rafael del Río, ha comentado que la víctima "era un asesino más de los que pululan por Francia". Tan terminante calificación no se basa, sin embargo, en una declaración de culpabilidad establecida por una sentencia judicial, sino que deriva de un expediente policiaco, cuya subordinación al principio constitucional de presunción de inocencia ni siquiera queda alterado cuando la muerte está a punto de cerrar el caso. La desenvoltura del director general de la Policía para desviar sobre la víctima la condena que merecen sus verdugos tiene como precedente las recientes declaraciones del presidente del Gobierno, que por dos veces ha replicado a preguntas periodísticas sobre la guerra sucia -un eufemismo para designar los crímenes realizados por esa nueva banda armada en el País Vasco francés- con desasosegantes respuestas acerca de los centenares de atentados y asesinatos perpetrados anteriormente por ETA, triste y dolorosa realidad que nadie olvida, pero que no absuelve al terrorismo de signo opuesto.Contra lo que afirman los portavoces de Herri Batasuna, no hay crímenes buenos, disculpables o justificables -desde esa fanática perspectiva- por los móviles, políticos que, según ellos, impulsan a los asesinos de ETA a apretar el gatillo. Pero la misma lógica y los mismos principios que impulsan a despreciar cualquier tentativa de exculpar esas acciones obligan a medir con igual rasero las pretensiones paralelas de encontrar atenuantes a los crímenes y atentados cometidos durante las últimas semanas en el País Vasco francés contra militantes o simpatizantes de ETA. No se trata de melindrosos esfuerzos encaminados a mantener a salvo la buena conciencia o a lavarse las manos en una división del trabajo que atribuiría a otros labores tan desagradables como necesarias. Es radicalmente falso que un sistema democrático tenga derecho, para defenderse de sus adversarios, a utilizar los procedimientos ilegales de quienes combaten el régimen pluralista. Ambas manifestaciones de barbarie son el anverso y el reverso de un único terrorismo, condenable, repudiable y perseguible en cualquiera de sus versiones. Las mas pequeña concesión en ese terreno, aunque fuera de carácter terminológico, llevaría poco a poco al vaciamiento del edificio democrático, del que sólo quedarían a, largo plazo las paredes de una fantasmal construcción a la Potemkim.

Los balbuceos de algunos medios oficiales para justificar oblicuamente el asesinato de militantes o simpatizantes de ETA extraen sus argumentos de una pestilente cantera de licencias para matar con marchamo precivilizado, entre otras la ley del Talión, la condición supuestamente inhumana de las víctimas o el beneficio del perdón para quienes hacen la justicia por su mano. Felipe González ha puesto correctamente en guardia contra la perversa utilización que de las palabras suelen hacer los terroristas. Se diría, sin embargo, que la enloquecida ideología del nacionalismo radical ha ganado una importante batalla contra el sistema constitucional al propiciar la aceptación por algunos altos cargos del Estado democrático de los términos en que ETA plantea su violencia criminal. La aplicación de la fórmula "en la guerra, como en la guerra", más o menos implícita en el actual debate sobre los recientes crímenes perpetrados en el País Vasco francés, abriría un camino para la derrota al admitir que la España constitucional no se enfrenta con un fenómeno de bandidaje político, sino que se presta a librar una variante de conflicto bélico.

Las desapariciones en Bayona de Lasa y Zabala hace unas semanas, el secuestro de Segundo Marey, el asesinato de Ramón Oñaederra en Bayona y el atentado contra Miguel Goikoetxea en San Juan de Luz son acciones criminales cometidas en suelo francés. Corresponde a los servicios de seguridad y al poder judicial del país vecino la tarea de detener y juzgar a los responsables, sea cual sea su ciudadanía, su profesión o su ideología. La destrucción de la convivencia social en el sur de Francia por mor del terrorismo es algo posible, pero no deseable, pese al cinismo tolerante de las autoridades francesas con los terroristas de ETA allí refugiados. El Gobierno español tiene la obligación de colaborar de forma activa con el de París en la localización de los autores, inductores, cómplices y encubridores de estos atentados, ya que no parece demasiado insensato imaginar la existencia de conexiones y coberturas criminales en nuestro territorio, aunque sólo sea por razones logísticas. Nuestras autoridades tienen la obligación moral y política de hacer imposible la creación de un santuario en territorio español en beneficio de los terroristas de los GAL.