Congreso convalidó el decreto-ley sobre la reconversión industrial solo con los votos de los diputados socialistas

El polémico decreto ley sobre reconversión industrial quedó ayer convalidado con los solitarios votos a favor de los socialistas, en una sesión plenaria del Congreso de los Diputados máis preocupada por lo que ocurría fuera de la Cámara, en las manifestaciones contra los proyectos de reconversión, que por el propio debate en torno al decreto, que ahora pasará a tramitarse como proyecto de ley. El debate estuvo centrado principalmente en el ministro de Industria y Energía, Carlos Solchaga, y en el diputado del Grupo Parlamentario Popular José Ramón Lasuén.

Lasuén expuso sus tesis acerca de que el decreto presenta una gran confusión entre los conceptos de reconversión y reindustrialización, cuando sería básico que la segunda se llevase a cabo inicialmente. Esas opiniones fueron compartidas en gran medida por los representantes de las minorías catalana y vasca y del grupo centrista, mientras el grupo comunista, por boca de Horacio Fernández Inguanzo, y Euskadiko Ezkerra, a través de Juan María Bandrés, justificaban su no al decreto en los perjuicios que causará a los trabajadores.Solchaga comenzó su intervención de presentación del decreto admitiendo que "no es el triunfo esculpido en el BOE de las tesis del Gobierno, y ni siquiera es un texto legal irrebatible o un estandarte político".

Solchaga, quien reiteró la "recta intención" del Ejecutivo al poner en marcha este decreto, señaló que no se siente satisfecho de tener que utilizar una legislación de urgencia "para hacer frente a una profunda crisis industrial que pone en peligro la supervivencia de grandes áreas de nuestro aparato productivo". "Este texto es simplemente la respuesta responsable y meditada a una grave situación industrial".

Al llegar al punto más polémico del texto, las medidas socio-laborales, el ministro pareció contradecir algunas de sus posiciones anteriores, presentadas entonces como inflexibles, en las que exigía la extinción de las relaciones laborales en las empresas sometidas a un plan de reconversión. Ahora, tras su dura negociación con UGT, Solchaga presentó las rosas admitiendo que "no se podría establecer, ya que no se pueden introducir apriorismos sobre la realidad, una opción sobre un único tratamiento de los excedentes laborales que se produzcan en los procesos de reconversión, sino que se deja abierta a la consideración posterior, en función de las características que presente cada caso".

Sustitución de gestores

En la intervención que cerraría más tarde el debate, y en la que Solchaga fue largamente aplaudido por su grupo parlamentario, el ministro enfatizó que no ha encontrado críticas fundamentales al decreto entre los grupos parlamentarios que le precedieron en el uso de las palabras, acusando a los restantes grupos políticos de la Cámara de "no asumir sus responsabilidades" y declarándose dispuesto a mantener el decreto en solitario, en espera del segundo acto del proceso legislativo, que consistirá en la tramitación del decreto ahora convalidado como proyecto de ley.

José Ramón Lasuén, quien "muy a mi pesar" anunció que debía pedir la derogación del decreto, basó sus críticas en que la reindustrialización prevista en el texto debatido "es un proceso de reconversión en segundo grado", trasladando los recursos destinados a lo que van a hacer a las empresas que van a morir. Igualmente, pidió la sustitución ¡de los gestores de las empresas públicas que hayan fracasado en su trabajo y atacó el deseo de los trabajadores de la empresa pública de tener remuneraciones superiores a los de la privada, contando, en cambio, con una total estabilidad en el empleo. Posteriormente, el diputado del Grupo Popular acusó al Gobierno de "verse obligado a recortar fondos destinados a tecnologías avanzadas para darlos a otras obsoletas", refiriéndose, sin citarlos, a los planes electrónicos o de telecomunicaciones, cuya disminución de presupuestos parece haber creado algunas fricciones en el equipo económico.

El representante de la Minoría Catalana criticó el hecho de que el decreto permita una excesiva capacidad de decisión en manos del Ministerio de Industria y Energía, marginando a empresarios y trabajadores. También se opusieron al texto el centrista Luis Ortiz, quien se abstuvo en la votación, Íñigo Echeverría, representante de la Minoría Vasca, quien subrayó la "posible inconstitucionalidad" del decreto por poder afectar al régimen jurídico de las comunidades autónomas, Agustín Rodríguez Sahagún (CDS, Grupo Mixto), que anunció su abstención, y los ya citados Bandrés y Fernández Inguanzo.

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