Prohibida la salida del país a 20 jefes militares argentinos, entre ellos Bignone y Camps

Un juez federal ha librado oficio a la Dirección de Migraciones por el que se prohíbe la salida del país de una veintena de altos jefes militares y policiales, presuntamente implicados en la desaparición en 1978 de un técnico del Instituto Nacional de Tecnología Industrial, e insta a las autoridades fronterizas a detenerlos si intentan abandonar territorio argentino.

La prohibición incluye al ex presidente Reynaldo Bignone y a otros cinco generales retirados, entre ellos Ramón Camps, ex jefe de la policía de Buenos Aires y autor confeso de la desaparición de 5.000 ciudadanos, y de Suárez Mason, ex comandante del Primer Cuerpo de Ejército. El oficio del juez abarca igualmente a cuatro coroneles, dos mayores y un capitán y, respecto a la policía, a un comisario mayor, un subcomisario, un inspector y un sargento primero.Antes de la llegada de la orden judicial a la frontera, el general Camps regresó a Uruguay. El carnicero de Buenos Aires abandonó el país hace semanas y circularon versiones de haber sido reconocido en el aeropuerto montevideano de Carrasco partiendo rumbo a Europa; desde Punta del Este regresó a Buenos Aires para dar una entrevista a la televisión en la que intentó justificar su acción como un hecho de guerra legítimo.

Camps, que admitió a dos periodistas españoles su genocidio, ha publicado dos libros bastante abominables intentando descalificar a Jacobo Timmerman -editor y director de La Opinión, a quien torturó personalmente- y permite ser fotografiado por la prensa argentina ante su mesa de despacho rebosante de pistolas, revólveres y Marietta. Quienes le conocen estiman que está desequilibrado.

Los procesamientos de altos jefes militares, las prohibiciones que recaen sobre ellos, nada tienen que ver con el decreto gubernamental que procesó a tres juntas militares y a destacados jefes de las fuerzas armadas -Camps entre ellos- ante el Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas.

A lo que se asiste ahora en Argentina es a la explosión de causas pormenorizadas en las que por acción directa o responsabilidad superior se estára viendo involucrados numerosos militares de todos los rangos. El caso es que si las 30.000 desapariciones (o las 6.000 que admite la última Junta Militar) se dilucidan judicialmente caso a caso, jamás se impartirá justicia individual -las pruebas han sido destruidas o enredadas- ni, por supuesto, justicia histórica. Sólo parece viable el propósito radical de someter a juicio a las cúpulas castrenses y a los numerosos militares que acreditaron su arrojo en el campo del sadismo.

'Años de noche y niebla'

No obstante, el drama individual de las familias afectadas parece no haber hecho más que comenzar. Alguna revista de gran circulación comienza a publicar relatos sobre estos siete años de noche y niebla, detallando las torturas, las humillaciones y hasta la ubicación de los chupadedos (los campos de exterminio que chupaban a los ciudadanos). Hoy mismo, en un cementerio al norte del Gran Buenos Aires, la justicia exhumará 25 cadáveres NN (ningún nombre) de hombres, mujeres y niños, para su identificación.Sólo resta el consuelo de que algunas cosas se van arreglando: otros seis generales pasarán inmediatamente a retiro por orden del Gobierno, con lo que el generalato argentino quedaría reducido a 18 miembros en actividad.