El Banco de España ha notificado pliegos de cargo a todos los consejeros del grupo Catalana de 1977 a 1982

La investigación oficial del Banco de España sobre la gestión de Banca Catalana está cubriendo estos días su penúltima fase. El expediente administrativo, concluido en el mes de octubre, se compone de 4.000 folios, lo que en medios financieros se considera voluminoso. A consecuencia del mismo, el instructor ha enviado en los últimos diez días sendos pliegos de cargos a todos los consejeros del grupo que habían formado parte del consejo en los ejercicios comprendidos entre 1977 y 1982. Los cargos se refieren a irregularidades en principio administrativas, con una sola excepción en la que revisten mayor gravedad. Son ya varios los consejeros que han terminado y remitido su respectivo pliego de descargo. Junto a estas informaciones, recogidas de fuentes seguras . y contrastadas, otras fuentes han añadido que la investigación ha tenido que revisar las actuaciones del grupo retrotrayéndose en algunos aspectos hasta los años 1968 y 1969.

Los pliegos de cargo están realizados "muy técnicamente", según medios cercanos a los antiguos consejeros y "no contienen nada moralmente vergonzante", según las mismas fuentes. La regla general tiene una excepción en que las irregularidades aludidas revisten mayor gravedad. Los pliegos han sido enviados a todos los que fueron miembros de los consejos del grupo en los cinco años anteriores a la toma de control del mismo por el Fondo de Garantía de Depósitos, esto es, de 1977 a 1982, a excepción, obviamente, del equipo que intentó el plan de viabilidad de verano de 1982. Se refieren en general al pago de extratipos, a doble contabilidad llevada (Caja B) y a la no declaración del control sobre ciertas acciones del grupo bancario (Banco de Alicante y de Barcelona). Técnicamente las expresiones empleadas son las de "falta de veracidad" en los balances, "tenencia de acciones sin autorización" y "alteración de cuentas de resultados".El plazo de respuesta, o presentación de alegaciones de descargo a estos pliegos, es de ocho días hábiles desde su recepción Son varios los antiguos consejeros que ya han contestado, y otros lo harán en los próximos días. Entre los argumentos de respuesta figurará probablemente la apreciación de que las conductas investigadas eran comunes, en determinados momentos, a la mayoría de las firmas bancarias españolas.

El expediente, en junio

La tramitación de este expediente administrativo se remonta a principios de este año, cuando de acuerdo con la Ley de Procedimiento Administrativo de 17 de julio de 1958, el Banco de España abrió una información reservada, una vez había acumulado datos suficientes sobre las causas y el desarrollo de la crisis de Banca Catalana y su grupo La autoridad monetaria apreció la necesidad de incoar un expediente disciplinario, lo que hizo en junio de 1983.Poco antes el 19 de mayo, el ministro de Economía y Hacienda, Miguel Boyer, -según relató ante la Comisión de Economía del Congreso el 16 de junio- había solicitado al banco emisor un informe completo sobre la gestión del grupo. Boyer pidió concretamente, "actuación que hemos seguido en otros casos", los antecedentes sobre la evolución de Catalana, y dijo ante el Congreso "que estos antecedentes" serían "puestos a disposición de los fiscales, y por otra parte, el banco instruirá un expediente por las responsabilidades administrativas". El ministro indicó en aquella ocasión que "el Gobierno tiene indicios de irregularidades importantes de todo orden en este grupo bancario".

El expediente administrativo, concluído en octubre, reune 4.000 folios. En algunos de sus pasajes, retrotrae las investigaciones hasta 1968 y 1969, según una fuente de la Administración, para la que esta revisión histórica ha sido la causa fundamental de tan prolijo dossier. El instructor administrativo elaboró desde octubre los respectivos pliegos de cargo, que ha enviado recientemente a los antiguos consejeros. A este material se le unirán los pliegos de descargo que éstos presenten. La última fase del procedimiento consistirá en la decisión de aplicar o no sanciones.

Todo indica que, como ha hecho en la mayoría de casos de crisis bancarias a la finalización del expediente, el Banco de España decidirá tomar medidas administrativas contra varios de los antiguos responsables del grupo. Estas medidas suelen consistir en la exclusión de los consejeros del Registro de Bancos y Banqueros. Una vez concluido el procedimiento, que aún puede durar cierto tiempo, se remitirá al Ministerio de Hacienda.

Según ha reiterado el titular de Hacienda, Miguel Boyer, en varias ocasiones, el expediente, con sus anexos, será remitido a la fiscalía, para que el sistema judicial dilucide la existencia o inexistencia de responsabilidades penales. La mera remisión al fiscal nada prejuzga sobre el fondo de la cuestión. Por otra parte, la experiencia indica que la actitud de los jueces ha sido, en la mayoría de crisis bancarias en las que ha mediado acusación fiscal, renuente a aceptarla, como ha sucedido recientemente en el caso del Banco de Levante: el sobreseimiento de las actuaciones -salvo en algunos casos más escandalosos como el del Banco de Navarra, Banco de los Pirineos o Banco de Descuento- ha sido la tónica general de los jueces españoles en esta materia.