El dictamen sobre la Caja Rural de Jaén pasa al fiscal

La Mesa del Parlamento andaluz decidió ayer, como estaba previsto, remitir al ministerio fiscal el dictamen elaborado por la comisión investigadora sobre presuntasu irregularidades cometidas en la Caja Rural y la Unión Territorial de Cooperativas de Jaén por sus anteriores responsables, Domingo Solís Ruiz, su hijo Felipe Solís Pérez y Ricardo Cruz Tuñón. Los tres están juzgados y pendientes de sentencia por supuestos delitos monetarios.En su última reunión del año 1983, la Mesa acordó por unanimidad enviar al fiscal el informe, de 52 folios, que la comisión hizo público la semana pasada, así como la documentación acumulada tras casi 12 meses de trabajo, en cuyo transcurso se han producido 60 comparecencias de colectivos y personas individuales relacionadas con las entidades investigadas.

La remisión se hará también al presidente del Gobierno, al Ministerio de Economía y Hacienda y al gobernador del Banco de España.

Lo más llamativo del dictamen fue el descubrimiento del trato de favor recibido por el ex teniente coronel Antonio Tejero, que pudo resarcirse de los efectos adquiridos a la Caja Rural y a Uteco por valor aproximado de 20 millones de pesetas poco antes de la quiebra, frente a las pérdidas que sufrieron otros muchos inversionistas. Fue Ricardo Cruz, director general de la Caja, quien facilitó este rescate a Tejero, por entonces ya condenado por su participación en el intento de golpe de Estado del 23 de febrero de 1981, y que había conseguido el dinero a través de una suscripción abierta a su favor por el diario El Alcázar.

A pesar de haber apoyado el dictamen de la comisión, el Grupo Parlamentario comunista ha manifestado su propósito de seguir investigando el caso y presentar las interpelaciones oportunas, por estimar que las anomalías descubiertas no pueden achacarse exclusivamente a los tres máximos directivos de la Caja Rural.