La Junta andaluza trata de remediar la mala situación de sus museos

Los casi 70 museos existentes en Andalucía padecen de forma generalizada los males derivados de la escasez de personal y la escualidez de dotaciones necesarias para cumplir una función social y cultural. Los responsables de la Consejería de Cultura estiman que esta situación puede empezar a remediarse una vez que entre en vigor y se aplique la ley de Museos que acaba de aprobar el Parlamento andaluz. Ésta será la primera comunidad autónoma de España que contará con una legislación específica en la materia.El censo actual de museos andaluces se compone de 28 de propiedad estatal, 19 de la Iglesia católica y una veintena pertenecientes a municipios, provincias y particulares. Salvo unas cuantas excepciones, todos ellos carecen de personal adecuado para su gestión.

El consejero de Cultura del Gobierno andaluz, Rafael Román, ha descrito así la situación normal de un museo andaluz: a su frente se halla un director, que se encarga de todo y del que dependen dos ordenanzas y algunos jóvenes contratados temporalmente por el Instituto Nacional de Empleo. "Lo más suave que puede decirse", declaró el consejero, "es que nuestros museos están completamente desencamados de la vida de la ciudad en que se encuentran, y desde luego muy lejos de cumplir las funciones que, por ejemplo, la Unesco espera de un museo".

La falta de personal de plantilla es tan acuciante que hay museos que se ven obligados a cerrar sus puertas durante el verano -cuando las posibilidades de irradiación cultural son mayores a causa del turismo- para hacer posibles las vacaciones de los funcionarios. El actual estado de cosas impulsó al Gobierno andaluz a presentar un proyecto de ley de Museos, que ha sido aprobado por el Parlamento regional en su última sesión plenaria, cuando aún la Junta de Andalucía carece de competencias sobre el tema y a falta de una legislación estatal prometida por el Ministerio de Cultura.

Entre las novedades que ofrece la ley andaluza hay que destacar que se obliga a todos los museos a disponer de instalaciones, personal y medios de mantenimiento adecuados y que los museos de titularidad privada que reciban subvenciones o se beneficien de exenciones fiscales tendrán también un control público.