La acusación privada pide hasta cuatro años para guardias civiles acusados de lesiones

Penas de hasta cuatro años, dos meses y un día de prisión menor y 12 años de inhabilitación especial solicita la acusación particular para los miembros de la Guardia Civil procesados por un presunto delito de lesiones, amenazas y coacción denunciado por cuatro pescadores de Blanes (Gerona). Los pescadores, que quedaron en libertad sin cargos, fueron detenidos en noviembre de 1982 acusados de distribuir parte de un alijo de droga capturado accidentalmente por las redes de la embarcación Montse-3. El fiscal solicitó en su momento un mes y un día de arresto mayor y un año de suspensión para cada procesado.El letrado Manuel Mir, que en nombre de los denunciantes ejercerá la acusación particular, ha explicado la diferencia entre la calificación del ministerio público y la que él mismo presentó ayer ante la Audiencia Provincial de Gerona, señalando que "creo que la perforación del tímpano de uno de los lesionados puede constituir en el peor de los casos la pérdida de un. miembro no principal y que por ello es aplicable una pena de prisión menor en su grado máximo".

Extralimitación de funciones

El abogado Mir coincide con el fiscal al relacionar los hechos y sefialar que los guardias civiles se "extralimitaron en sus funciones". Señala que en la noche del 20 de noviembre de 1982 los procesados golpearon repetidamente a los pescadores José Cano Vicente, Gabriel Amat y Julián Palomar, practicándoles en algún caso el submarino (meterles la cabeza dentro del agua). Gabriel Amat fue golpeado fuertemente en el oído izquierdo, "produciéndole perforación del tímpano". También resultó dañado en el oído Julián Palomar, al que el trato dado por los guardias civiles le produjo "aumento de inflamación e hipoecusia, inflamación de la que ya venía padeciendo desde hacía años, así como otitis supurada bilateral".De acuerdo con su presunta participación en los hechos la acusación particular solicita para los procesados las siguientes penas: para Juan Martín Pozuelo, número de la brigada antidroga de Gerona, dos penas de seis meses de arresto mayor y seis años de suspensión, y cuatro años, dos meses y un día de prisión menor, así como 12 años de inhabilitación especial; para José Pérez Casamayor, número destacado en Blanes, dos penas de seis meses de arresto mayor y seis años de suspensión; para Francisco Aguilera, también número del puesto de Blanes, dos penas de seis meses de arresto mayor y seis años de suspensión, y cuatro años, dos meses y un día de prisión menor, y 12 años de inhabilitación; para Constantino Simón Pétez, cabo del puesto de Blanes, dos penas de seis meses de arresto mayor y seis años de suspensión, y cuatro años, dos meses y un día de prisión menor, y 12 años de inhabilitación; y para José Velasco Ciudad, teniente jefe del puesto de Blanes, que conocía la actuación de sus subordinados y que "no adoptó medida alguna tendente a evitarlo", según la acusación particular, cuatro años, dos meses y un día de prisión menor, y 12 años de inhabilitación especial.