Rumasa: una sentencia política

El hecho salomónico de que exactamente la mitad de los magistrados del Tribunal Constitucional se manifestara a favor de la legalidad del decreto de expropiación de Rumasa y que la otra mitad emitiera un juicio contrario expresa de la forma más elocuente el mensaje que el alto tribunal decidió remitir al Gobierno.De la lectura, tanto de la sentencia propiamente dicha -elaborada por seis magistrados y entre ellos la voz decisiva de su presidente, García Pelayo- como de los votos particulares de los otros seis jueces, se desprende la fuerte ponderación reconocida a consideraciones políticas. Especialmente cuando uno percibe que las posiciones de inconstitucionalidad son más convincentes que las expresadas por la sentencia vencedora gracias al apoyo del voto de calidad.

Entiéndase bien; no queremos insinuar que el Ejecutivo ha presionado directa o indirectamente a los ilustres miembros del alto tribunal; una actitud tan grosera no podía permitírsela el Gobierno ni, por supuesto, sería tolerada por los magistrados. Las estimaciones políticas a que nos referimos calan más hondo y no tienen en cuenta el agrado o el desaire a un ministro o a un Gobierno, sino que valoran las consecuencias que, de una sentencia negativa, podrían haber caído sobre el Estado. Ha habido, pues, consideraciones políticas, no como algo espúreo, sino desde la constatación de que, en última instancia, lo jurídico y lo político aparecen íntimamente unidos. ( ... )

, 12 de diciembre